TRAS EL ÉXITO DE LA MANIFESTACIÓN DE BILBO
Calparsoro pide una política «más humanitaria» con los presos vascos
El fiscal jefe de la CAV, Juan Calparsoro, defendió ayer la aplicación de un política «más flexible y humanitaria» sobre la ejecución de las penas impuestas a las presas y presos vascos. También manifestó que las condenas aplicadas por los tribunales españoles «tienen que acomodarse a las circunstancias actuales», en referencia al nuevo tiempo abierto tras la declaración histórica de ETA. No obstante, indicó que la «flexibilidad» debe ser aplicada de forma individual.
Ion SALGADO | GASTEIZ
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, defendió ayer una política penitenciaria «más flexible y humanitaria» con los presos políticos vascos. En concreto, se refirió a la ejecución de la penas impuestas por los tribunales españoles, que, a su parecer, deberían adaptase a la nueva «realidad social» en Euskal Herria, marcada por el cese definitivo decretado por ETA en octubre de 2011.
En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Gasteiz, a donde acudió para asistir a un encuentro institucional con la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, Calparsoro comentó que «un poco de flexibilidad» en la aplicación de las penas «no vendría mal».
El fiscal, que recordó que en los centros penitenciarios existen equipos diseñados para evaluar la situación de los presos, señaló que las condenas «deben cumplirse en los términos, y con los beneficios que recoge la legislación de la manera más humanitaria posible».
En cuanto a la aplicación de esa «flexibilidad», Calparsoro subrayó que las «prácticas más humanitarias» no pueden estar dirigidas al conjunto del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK). «El cumplimiento de las penas es personal e individual», incidió. Añadió que «la evolución [de la condena] corresponde a cada interno, que será quien deba seguir su propio proceso de reinserción».
Herrira emplaza a Rajoy
Por otro lado, en Iruñea, Jon Garay, portavoz de Herrira, y Juanje Soria, uno de los convocantes de la manifestación del sábado en Bilbo, acudieron ayer a la Delegación del Gobierno español, donde entregaron un documento que recoge «el mandato» de acabar con la actual política penitenciaria que refrendaron las 115.000 personas que participaron en la movilización.
«El PP tiene que tomar nota de la manifestación del pasado sábado. Su inmovilismo ya es indefendible de cara a la sociedad vasca y persistir en su cerrazón no hará sino aumentar el rechazo social hacia unas posturas tan extremistas. Si algo ha quedado claro en estos días es que hay una mayoría central, transversal, que les está diciendo que no pueden seguir enrocados en el conflicto y en la vulneración de los derechos humanos. Por eso, creemos que ha llegado el momento de que Mariano Rajoy escuche a la sociedad y de invertir en el proceso de paz», declaró Garay a los medios de comunicación.
En cuanto a la labor de Herrira, subrayó que «la gente nos está pidiendo soluciones y para ello son imprescindibles acuerdos de país, consensos amplios».
Herrira ha organizado hoy en Iruñea (hotel Tres Reyes, 19.30) una mesa redonda bajo el título «Estrasburgo: ¿El fin de la doctrina 197/2006?», en la que intervendrán Amaia Izko, Jon Mirena Landa y Eduardo Santos.
Las concentraciones por los derechos de los presos vascos también se sucedieron ayer. En Arrotxapea se reunieron 36 personas; en Santurtzi, 50; en Atarrabia fueron 34, mientras que en Mendillorri 32.
El ex secretario general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza se defiende en su blog de los ataques mediáticos recibidos tras grabar un vídeo en el que apoyaba la manifestación de Bilbo.
«Ni asistí a la manifestación ni, desde luego, declaré una sola palabra en favor de la amnistía. Tampoco apoyo otras reivindicaciones que al parecer se formularon por los asistentes a la misma», señala Mayor Zaragoza, que califica de «reacción tan inexacta como furibunda» lo publicado en su contra en cierta prensa española. «Es pura invención, fruto de la animadversión ideológica y de la obediencia ciega a las consignas recibidas», añadió.
«Seguiré trabajando a favor del buen periodismo. Seguiré procurando la necesidad de aplicar los derechos humanos en un contexto genuinamente democrático. Como advirtió Quevedo, `No he de callar, por más que con el dedo silencio avises o amenaces miedo'», añadió el ex secretario general de la Unesco.
Al unísono con esos ataques mediáticos, el PP presentará una moción en Cuenca para que se retire la calle dedicada a Federico Mayor Zaragoza y ha solicitado que se deje sin efecto el premio Alfonso X, otorgado por el Ayuntamiento de Toledo. GARA
Tras la manifestación del pasado sábado, EH Bildu, en la CAV, y NaBai y Bildu, en Nafarroa, han presentado sendas interpelaciones a los respectivos presidentes autonómicos sobre qué van a hacer para que se respeten los derechos de los presos vascos. Quieren que tomen una posición activa en su defensa.
En el caso de la Cámara de Gasteiz, el parlamentario Julen Arzuaga señaló que, junto con el hecho de que el 12 de enero tuviera lugar una de las mayores movilizaciones de la historia de Euskal Herria, incluso la encuesta del CIS muestra que el 66,8% de la ciudadanía de la CAV es partidaria de cambios en la política penitenciaria en favor de los derechos de los presos. Por tanto, pidió al lehendakari, Iñigo Urkullu, que adopte un papel proactivo en defensa de ese cambio.
EH Bildu ha presentado una interpelación al lehendakari para que especifique ante el Parlamento qué acciones o planes concretos tiene previsto plantear para la repatriación de los presos y la puesta en libertad de quienes sufren enfermedades graves o han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena. Ante las preguntas sobre qué iniciativas cree la coalición soberanista que debiera adoptar Urkullu, Arzuaga señaló que lo que desean es que el lehendakari defina qué quiere hacer. Ante la insistencia de los periodistas, Arzuaga dijo que le sugerirían que recoja el clamor de Bilbo y el que se refleja en las encuestas para reivindicar ante Mariano Rajoy -con quien el lehendakari se reunirá próximamente- cambios en la política penitenciaria. El parlamentario de EH Bildu aclaró que Urkullu no debe entender esta demanda social «como una presión», sino como un «colchón social» que avala sus pretensiones de cambio.
En el Parlamento navarro, son Bildu y NaBai quienes han dirigido varias preguntas a Yolanda Barcina para saber qué va a hacer para que se respeten los derechos de los presos. Al mismo tiempo, la han interpelado sobre si su Gobierno tiene intención de poner en marcha alguna medida por la paz y la convivencia, como las que afectan a todas las personas afectadas por la violencia, las relativas a las personas condenadas por tribunales y leyes especiales, y para conseguir las transferencias penitenciarias. I.I.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó ayer que si Iosu Uribetxebarria incumple las condiciones que le fueron impuestas para poder acogerse a la libertad condicional por su enfermedad, el juez puede revocársela. Fernández recordó que los informes le daban nueve meses de vida y que solo han transcurrido cinco, tras lo que tuvo que aceptar que el tema era «macabro».
Estas declaraciones llegaron después de que Instituciones Penitenciarias enviara al juez un vídeo con una grabación en la que aparece Uribetxebarria. Las imágenes fueron tomadas en el interior del portal de su vivienda de Arrasate, a través de una cámara oculta. Un enviado del canal Intereconomía se hizo pasar de manera fraudulenta por un periodista de GARA. En el vídeo, ambos mantienen una breve conversación, pero al principio el expreso no se percata del fraude. Al mencionar el tema del arrepentimiento, Uribetxebarria se da cuenta del engaño y le dice: «Tú no eres de GARA (...). No te voy a responder porque me has mentido».
Instituciones Penitenciarias remitió el vídeo al juez para que compruebe si Uribetxebarria ha violado alguna de las normas de la libertad condicional que, tal y como aceptó ayer mismo el ministro de Interior, le fue concedida en cumplimiento de la ley. El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, prohibió a Uribetxebarria acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de los familiares directos de estas, así como participar «de forma activa o pasiva» en manifestaciones públicas de «enaltecimiento de la violencia, especialmente de ETA». También tiene prohibido hacer declaraciones públicas «de esa naturaleza» o que conlleven «desprecio o desconsideración» de las víctimas o pudieran ofender sus sentimientos. GARA
