Veteranos militantes de ANV, entre ellos el que fuera secretario general de la histórica formación independentista, comparecieron ayer en Bilbo para valorar la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ratifica su ilegalización. Antxon Gómez denunció que en la resolución ha primado «la razón de Estado y las presiones» ejercidas por el Reino de España.

Manifestó que aún tienen que valorar, junto a los abogados que les representan, si presentan o no un recurso ante la Gran Sala, decisión que adoptarán «en próximas semanas o meses», ya que tienen un plazo de tres meses para formalizarlo. Además, cuatro militantes ekintzales, entre otras personas, están pendientes del sumario que se sigue en la Audiencia Nacional española contra ANV, EHAK y Batasuna.

Gómez, que comentó que tuvieron conocimiento del fallo contrario a sus intereses a través de los medios de comunicación, incidió en el carácter «fundamentalmente» político de la sentencia.

En cuanto a los argumentos esgrimidos para rechazar su recurso, consideró que «es un verdadero disparate para cualquier persona que conozca la realidad de este país» que se estime que «ANV es una amenaza para la democracia española y la convivencia social en Euskal Herria».

Para quienes defienden los principios ideológicos recogidos en el Manifiesto de San Andrés de 1930, lo que «queda otra vez claro», y así lo remarcaron ayer, es que «la Ley de Partidos sigue vigente en contra de los derechos de esta sociedad y de las ganas de normalidad política». Y las secuelas de esa legislación no se limitan, a su juicio, a Euskal Herria, «sino que ahora también se está agitando como un espantajo contra partidos independentistas en Catalunya e incluso frente a una izquierda anticapitalista en el Estado».

Para quien fuera secretario general de la formación ekintzale, lo que es «lamentable» es que, a consecuencia de esa ley de excepción, «en 2013 en el corazón de Europa, que se ha dado el Premio Nobel de los Derechos Humanos a sí misma, se pueda mantener una situación de 40.000 personas que no tienen abierto ningún sumario legal y que no están inhabilitadas pero no pueden juntarse y formar una lista electoral, al albur de los intereses políticos concretos del gobierno de turno del Estado español».

En un Estado vasco

Gómez subrayó que el fallo de la Corte Europea vuelve «a dar alas a quienes agitan los fantasmas» de la ilegalización de nuevas siglas en el país y fuera de él, tal y como se ha constatado por las reacciones, entre otros, del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Tras sufrir dos ilegalizaciones en sus cerca de ocho décadas de historia, se mostró convencido de que ANV «volverá a ser legal, pero en un Estado vasco independiente», ya que estimó que «solo la independencia traerá a los vascos la garantía de nuestros derechos nacionales, civiles, sociales y políticos», que son «pisoteados una y otra vez por parte del Estado español». «En este caso, con la aquiescencia de unos tribunales europeos que no tienen ningún problema en avalar formaciones neonazis y fascistas como perfectamente legales -denunció Gómez respondiendo a los periodistas- y, en cambio, avalan la ilegalización de un partido con una larga trayectoria de lucha democrática, incluso fuera de Euskal Herria combatiendo a los nazis en la resistencia francesa».