La proposición de ley para mantener las urgencias rurales que ha registrado la oposición en el Parlamento navarro no ha minado las intenciones de la consejera de Salud, Marta Vera, de acometer los recortes fijados por el Gobierno de UPN. Ayer, en una rueda de prensa oficial, insistió en que sus planes permitirán el ahorro de 3,6 millones de euros y que, por ahora, su decisión es aplicar el decreto redactado por el Ejecutivo y anular el Servicio de Urgencias Rurales (SUR) para enfocar estos centros hacia la atención primaria.

Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno necesita del apoyo del PSN, para no entrar en un conflicto competencial con el Parlamento. El jueves toda la oposición, salvo el PP, se puso de acuerdo para anular la próxima semana el decreto votando una nueva ley en lectura única. Tal y como afirmó la consejera, hoy por hoy, el decreto es válido pero todo apunta a que proseguir en ese empeño no le va a llevar a ninguna parte.

Vera aseguró que la reforma es indispensable y que, de no aplicarse, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema público. Sin embargo, el ahorro que supone el desmantelamiento del SUR no parece nada determinante, ya que los 3,6 millones de euros no alcanzan siquiera el 0,5% del presupuesto consignado para este año (que incluye un recorte del 6,3% con respecto a los presupuestos de 2012).

«Vamos a seguir adelante porque el decreto está aprobado, publicado y nuestra obligación es llevar a la práctica una decisión del Gobierno», dijo la consejera. Según su versión, la eliminación de unas 50 plazas de médicos y enfermeras, servirá para «mejorar la atención continuada y la de pacientes crónicos y más vulnerables». Estos médicos y enfermeras son «recursos que no están bien utilizados».

Negociación con Jiménez

El desmantelamiento del SUR, pese a tener un peso relativamente pequeño dentro del presupuesto sanitario, es uno de los proyectos estrella de la gestión de Vera. Para salvar este proyecto, apeló a la «responsabilidad de todos», para luego dirigirse en particular al PSN. Recordó que el partido de Roberto Jiménez era miembro del Gobierno hace menos de un año y dijo que participó en «el diseño y gestación de esta reforma».

La consejera, de hecho, apunta personalmente a Jiménez como uno de los actores en estas negociaciones. Vera dice que negoció con él «personalmente», y que después se sintió traicionada. «Lamentablemente, mientras yo intentaba avanzar, él negociaba con Bildu», afirmó.

El PSN negó «categóricamente» que hubiera aprobado el desmantelamiento del SUR y culpó a Vera de desviar la atención sobre su «incapacidad». María Chivite, portavoz de Políticas Sociales del PSN, sostiene que lo que acordaron no se parece en nada al decreto que va a ser derogado: «Lo que UPN calla, con mala intención, es que aquel borrador inicial no tiene nada que ver en su contenido con el decreto foral».

Por su parte, Izquierda-Ezkerra denunció que los planes de Vera para reorganizar Osasunbidea son un «descontrol planificado para privatizar». La parlamentaria María de Simón aseguró que UPN «está dejando en manos privadas la gestión de los servicios sanitarios y las decisiones sobre la atención sanitaria a la ciudadanía».