La presentación de sendas denuncias por vía penal contra Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Enrique Goñi es la respuesta que desde la asociación Kontuz han dado a los datos que con mucho esfuerzo se van conociendo sobre la gestión de Caja Navarra. Lo ocurrido con la entidad financiera y el uso que sus máximos responsables hicieron de su privilegiada posición hace tiempo que adquirió categoría de escándalo, y es necesario que todas las responsabilidades sean esclarecidas y, en consecuencia, depuradas. De hecho, lo llamativo es que hasta el momento ese ejercicio no se haya producido, algo en lo que tiene mucho que ver la actitud de quienes fueron socios de los querellados.

Lo ocurrido con la CAN es el ejemplo más significativo, pero ni mucho menos el único, del modo en que los mandatarios navarros han manejado los organismos e instituciones a su cargo durante décadas. Una forma de entender el poder que ha estado trufada de actuaciones sectarias, de caciquismo y, como parece desprenderse de todo lo que está saliendo a la luz, de corruptelas. Puede decirse, en este sentido, que han logrado su objetivo de integrar el herrialde en la realidad política española. Porque la corrupción en el Estado español, como ha vuelto a demostrarse, es norma común.

El caso de los presuntos sobresueldos pagados en negro a altos dirigentes del PP por su exgerente Luis Bárcenas sobresaltó ayer a todo el espectro político, como no podía ser de otra forma. Se han vertido acusaciones muy graves que afectan al partido en el Gobierno, cuya incalificable respuesta no hace sino abonar la convicción de que lo denunciado es cierto. El hecho de que la trama se mantuviera durante años indica además que se trata de una práctica interiorizada en esa formación, lo que solo es posible desde la percepción de que lo que hacían era lo habitual. Y basta repasar la historia reciente de la política española para concluir que, efectivamente, lo era. La corrupción no es una lacra ni una anomalía del sistema, forma parte del mismo.