Desde el mismo comienzo de la presente legislatura, el equipo de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha sido sometido a un severo marcaje por la oposición, y no precisamente con intención constructiva; ha sido acusado de no saber qué hacer ante la difícil situación y de tener paralizado el territorio. Sin embargo, el del Ejecutivo guipuzcoano ha sido el único equipo capaz de lograr un acuerdo para sacar adelante sus presupuestos. El problema que percibe la oposición no es la paralización, sino un modelo diferente hacia el que, con dificultades debidas al contexto de crisis y a la actitud de la oposición, está encarrilando Bildu su política socioeconómica. Los resultados probablemente no son espectaculares, pero sí satisfactorios, y a la vista están. Mientras casi todas las administraciones ven reducida su recaudación, la Diputación de Gipuzkoa ha recaudado casi 19 millones más que en 2011. Nadie puede negar que el dato es positivo, y parece lógico pensar que la gestión de Martin Garitano y su equipo tendrán algo que ver. Claro que para algunos el problema está en el uso que se hará de ese dinero, pues tienen distintas prioridades. La directora de Política fiscal y Financiera de la Diputación lo dijo claro: se han logrado más recursos para destinar a políticas sociales y a fomentar el empleo, campos en los en lo que otras administraciones no dudan en aplicar recortes.