LAB exige eliminar la discriminación de las mujeres con las pensiones
Una sentencia del Tribunal Europeo consideró que la legislación sobre Seguridad Social discrimina a las mujeres en el acceso a la pensión. En concreto, habla de los trabajos a tiempo parcial y de que la legislación española es restrictiva e impide el acceso a una pensión a las mujeres. LAB pide al Gobierno español que cumpla con la directiva europea que impide esas restricciones y acompañará a las mujeres que reclamen en los tribunales mejoras en sus pensiones.
Juanjo BASTERRA | BILBO
LAB presentó ayer en Bilbo una iniciativa para poner fin a la discriminación que sufren las mujeres pensionistas y para exigir que el Gobierno del PP cumpla con las directivas europeas en materia de Seguridad Social. Iniciará una campaña en Hego Euskal Herria en próximas fechas y este próximo martes 22 de enero se concentrará a las 11:30 ante la Dirección provincial de la Seguridad Social de Bizkaia.
Pazis García, secretaria de Asuntos Jurídicos, explicó con rotundidad que Mariano Rajoy «acelera siempre algunas medidas que le reclaman desde Bruselas en relación a los recortes sociales y económicos», pero «hace oídos sordos» a las directivas europeas que invocan el fin de «la discriminación de las mujeres a la hora de igualar y tener acceso a sus pensiones».
Zaloa Ibeas, secretaria de la Mujer, explicó que LAB iniciará una campaña en próximas fechas para dar a conocer la sentencia del Tribunal de la UE que dice que «el Estado español discrimina a las mujeres con las pensiones» y exige «que se ponga fin a esta postura impropia hacia las trabajadoras».
100 años para 112,93 euros
La sentencia de noviembre de 2012 partió de una demanda de una trabajadora catalana a tiempo parcial -cuatro horas a la semana- que reclamó su pensión a los 66 años, en octubre de 2006. La Seguridad Social denegó ese derecho, porque «no habría cotizado los 15 años preceptivos». Bajo el cálculo del organismo español, la trabajadora habría cotizado por tres años completos. Sin embargo, el tribunal europeo pide romper con esa discriminación y utilizar otros sistemas más ventajosos para las trabajadoras con contratos a tiempo parcial.
Pazis García, de LAB, recordó, en este caso, que la trabajadora habría necesitado 100 años de trabajo a tiempo parcial para tener acceso a la pensión que reclamaba de 112,93 euros al mes. Hizo un llamamiento a las mujeres que han cotizado a tiempo parcial durante quince años y aquellas que reciben ya una pensión para «acudir a los tribunales a conseguir las mejoras que señala el Tribunal de la UE». Zaloa Ibeas explicó que LAB se movilizará «para exigir el derecho a decidir nuestro sistema propio de pensiones» y denunciar «que la discriminación de las mujeres en el ámbito de la Seguridad Social es una realidad». La secretaria de Políticas Sociales, Bea Martxueta, remarcó que este año 2013 «se inicia con la amenaza de una nueva reforma en materia de pensiones». Denunció que, «a nuestras espaldas» se reunirá el Pacto de Toledo «para añadir nuevas agresiones a la reforma laboral anterior, que en su día fue acordada por el Gobierno del PSOE con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT». A las medidas regresivas hasta la fecha, Martxueta añadió que el Gobierno español tiene como objetivo ahora «acabar con la jubilación anticipada y el contrato de relevo, lo que impedirá la incorporación de jóvenes al empleo, entre otras medidas».
Las reformas de las pensiones no han reducido los desequilibrios entre hombres y mujeres y, sin embargo, han provocado recortes importantes.
En la reclamación del fin de la discriminación en materia de Seguridad Social en el Estado español, LAB recuerda que el 78,5% de los hombres cobra una pensión de jubilación, mientras que se reduce al 42,3% en el caso de las mujeres, y de éstas el 47% percibe una pensión de viudedad. Con los últimos datos de la Seguridad Social, LAB asegura que la pensión media de los hombres es de 1.117 euros y la de las mujeres, 670 euros. «La pensión de la mujer es un 40% inferior a la pensión de los hombres».
Es un problema importante, porque, como explicó Bea Martxueta, si se tienen en cuenta los datos de los contratos a tiempo parcial «llegamos a unos nieveles elevados de desprotección». Porque, como indicó ayer LAB, en Hego Euskal Herria el 15% de la población ocupada desarrolla una actividad a jornada parcial. «En función del género, la distribución también es llamativa, porque de alrededor de 170.000 personas con contratos a tiempo parcial, 136.000 son mujeres, es decir el 80%, a pesar de que las mujeres ocupadas en el cómputo global representan el 46,4% de la población total».
LAB entiende que «el sistema de pensiones es un pilar fundamental en un modelo social que pretenda ser justo y solidario. En Euskal Herria se nos niega este pilar y, a la vez, se nos impone un modelo social que está en las antípodas de la justicia y la solidaridad y resulta discriminatorio para las mujeres». J. B.
