Facua-Consumidores en Acción considera «humillante» y una «aberración» obligar a familias que han sido desahuciadas a volver a su banco para poder acceder al Fondo Social de Viviendas. En un comunicado, la organización recordó que el convenio firmado el jueves entre el Gobierno español, un total de 33 entidades financieras, la FEMP y varias ONG recoge como primera opción que «las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del solicitante». Facua cree que ni el Ejecutivo ni los bancos están haciéndole ningún favor a estas familias con alquileres de entre 150 y 400 euros, que se suman al pago de la hipoteca pendiente.