La Asociación de Consumidores Usuarios y Contribuyentes Kontuz entregó ayer en la Audiencia Provincial dos denuncias. La primera de ellas va dirigida contra el expresidente Miguel Sanz y el exdirector de la Caja de Ahorros de Navarra, Enrique Goñi, por varios delitos societarios y prevaricación por omisión. Asimismo, denuncia ante la Fiscalía a la presidenta navarra, Yolanda Barcina, por uso de información privilegiada al invertir en la sociedad Navarra Building, que compró 25 oficinas de Caja Navarra. Se trata, por tanto, de la segunda vez que Kontuz lleva a los tribunales a un presidente navarro, después de que ejerciera con éxito la acusación popular contra Gabriel Urralburu.

Kontuz dio a conocer estas iniciativas legales en una rueda de prensa. Allí, explicó que han optado por dos iniciativas paralelas debido a que Barcina, por su condición de presidenta, es una aforada y su procesamiento compete al Tribunal Supremo. Aun así, aclararon que si Barcina quiere renunciar a su aforamiento no tendrían problema en unificar ambas causas. A juicio de la asociación, resulta prioritario que el caso sea llevado en Nafarroa, puesto que «el problema no fue Banca Cívica, sino lo que ocurrió antes». Además, sostiene que son delitos cometidos en Nafarroa y que son los navarros los que deben conocer qué ha ocurrido.

UPN ha decidido actuar en defensa de Barcina pese a no tener conocimiento del contenido de la denuncia. Mediante una nota, anunció que «emprenderá acciones legales contra Kontuz por la falsedad de sus acusaciones». UPN «niega categóricamente que existiera ningún tipo de información privilegiada sobre un producto de Caja Navarra ofrecido en igualdad de condiciones a cientos de navarros».

La formación que lidera Barcina entiende que tras Kontuz se encuentra la izquierda abertzale. Dice que no va a permitir más «calumnias» y que en cuanto tenga conocimiento de la denuncia tomará represalias legales contra los denunciantes.

Por otro lado, UPN ha dejado fuera de la tramitación de la Mesa y Junta de Portavoces del lunes la petición de Kontuz de comparecer en el Parlamento. La eliminación de este punto del orden del día compete al presidente de la Mesa, Alberto Catalán (UPN) .

Cargos contra Sanz y Goñi

La denuncia ante el juzgado de guardia se presentó por tres delitos societarios, que se ubican en los artículos 290, 295 y 297 del Código Penal, así como un cuarto de «prevaricación por omisión» tipificado en el artículo 404. La denuncia es extensa y compleja, detectándose muchos hechos irregulares como falsificación de las cuentas, cobros de dietas irregulares, inversiones «injustificables» en empresas de consejeros de la caja, compras de terrenos a precios desorbitados a morosos de la CAN y otros episodios de «derroche y nepotismo».

En cuanto al delito de prevaricación por omisión, hace referencia la negativa del Gobierno navarro a realizar inspecciones a los gestores de la extinguida Caja de Ahorros. Patxi Zamora, portavoz de la asociación de consumidores, recordó que mientras en Nafarroa no se realizaban inspecciones, los gestores de las cajas vascas temían «como a un nublado» a los inspectores de las diputaciones. «Así unas están como están y nosotros estamos como estamos», dijo este portavoz.

La denuncia se ha tramitado ante el juzgado de guardia y, en consecuencia, ha recaído en manos de la juez decana de la Audiencia Provincial, María Paz Benito Osés. Ella valorará si los indicios de delito son suficientes y, en su caso, ordenará que se abran diligencias y una instrucción. No existe plazo para una respuesta, pero se especula con que tardará entre un par de semanas y un mes.

El detalle concreto de los motivos de la denuncia no fue revelado por Kontuz, aunque anunció que irán apareciendo en prensa en próximos días. El motivo de esta decisión, según explicó Zamora, es que están elaborando ya un informe en el que se recoge el trabajo que sustancia todas estas acusaciones. Por lo que ha podido saber GARA, esta denuncia consta de 47 páginas más la documentación.

Pablo Ibáñez, miembro del equipo jurídico de Kontuz, explicó los pormenores judiciales de las dos denuncias. En principio, la primera de ellas va dirigida contra Sanz y Goñi, pero no se descarta que se vaya ampliando conforme se tenga conocimiento de nuevas irregularidades, así como de otros presuntos delincuentes.

De otra parte, cabe remarcar que Goñi también ha sido denunciado por UPyD, por un presunto delito de estafa en la salida a Bolsa de Banca Cívica.

Barcina y Navarra Building

En cuanto a la denuncia ante la Fiscalía contra Yolanda Barcina, se fundamenta en la publicación en prensa de que la presidenta invirtió 50.000 euros en Navarra Building. Esta sociedad compró 25 sedes de CAN y la caja se comprometió a alquilarselas durante un tiempo. Barcina realizó esta inversión en 2009, cuando presidía la Comisión de Control de la caja, cargo que ocupaba por ser alcaldesa de Iruñea.

La oferta de participar en Navarra Building no era abierta y solo pudieron beneficiarse de ella unos pocos. Kontuz entiende que la presidenta empleó en su beneficio una información privilegiada. En este punto, podría haber vulnerado el artículo 442 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que «hagan uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo» para un lucro personal. Este delito conlleva, como mínimo, la inhabilitación para ostentar un cargo público durante dos años.

La denuncia contra Barcina se presentó ante la Fiscalía que, si lo ve oportuno, abrirá diligencias y, en su caso derivara este juicio al Supremo, que es a quien compete juzgar a una presidenta de gobierno.

Petición de testimonios

Lo que ha presentado Kontuz tanto a la juez Benito como a la Fiscalía de Navarra son indicios de presuntos delitos. El siguiente paso será abrir la instrucción y, a este respecto, Kontuz ha solicitado que presten testimonio una serie de testigos que son buenos conocedores de lo acontecido en la caja. Entre ellos destaca el primer equipo de dirección de la CAN, conformado por Lorenzo Riezu (que provenía de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad) y Manuel López Merino (último director de la Caja Municipal de Pamplona). Estas dos cajas conformaron la ya extinta CAN tras fusionarse en el año 2000 y estuvieron al frente de la misma hasta 2002, cuando fueron sustituidos por Enrique Goñi. Ahora, Riezu y Merino se han convertido en dos de las voces autorizadas más críticas con la gestión de Goñi y la falta de control de las autoridades.

Según ha podido saber GARA, también se ha pedido que testifiquen el exconsejero de Economía Álvaro Miranda; Ricardo Bermejo; José Antonio Asiáin; el actual alcalde de Iruñea, Enrique Maya; y el exconsejero de Economía por el PSN José Antonio Arlabán. También podría declarar el expresidente del PP en Nafarroa, Santiago Cervera.

El abogado Pablo Ibáñez aseguró que Kontuz ha denunciado a un presidente de Nafarroa y a un expresidente por «higiene pública». Ibáñez subrayó que como asociación sin ánimo de lucro su actuación venía obligada por el «oscurantismo». En este sentido manifestó su esperanza en que, en esta ocasión, «la Justicia actúe con los ojos cerrados», sin atender a lo poderosas que puedan llegar a ser las personas denunciadas.