El Juzgado de lo Social número 5 de Donostia desestimó la demanda de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) contra el recargo del 30% en las prestaciones que la Seguridad Social dictaminó por la muerte del extrabajador José García Ortega en 2011. Otra sentencia anterior obligó a CAF a pagar 248.666,66 euros por los perjuicios causados por la falta de medidas de seguridad frente al mineral cancerígeno.

Hace unas pocas semanas tuvo lugar la vista de la demanda de CAF para evitar el recargo, pero, como explicó la abogada de la familia del trabajador, Nuria Busto, «el juez nos ha dado la razón y tendrán que pagar ese recargo en las cotizaciones».

La sentencia puede ser recurrida, pero existen otros antecedentes similares en CAF por lo que añadió que, en caso de recurrirla, lo único que hará la empresa es alargar este proceso. Aunque «nos tienen acostumbrados, a pesar de que saben que no pusieron las medidas de prevención, a seguir recurso tras recurso hasta el final. Lo único que provocan es que el daño se multiplique entre los familiares del fallecido».

Astilleros españoles

Por otro lado, el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbo vio la demanda de los familiares del trabajador Miguel Arroyo Lozano, que falleció en 2010, por un mesotelioma después de haber trabajado en Astilleros Españoles S.A. (La Naval) desde el año 1971, contratado a través de la subcontrata Instalaciones y Montajes Industriales S.A. (IMI). Posteriormente pasó a prestar servicios en Astilleros Españoles al ser absorbida la subcontrata, desde 1988 a 1989, cuando se prejubiló. En 2010, se le diagnosticó un mesotelioma pleural a consecuencia del cual falleció en mayo. Tras su jubilación, se fue de Santurtzi a Palencia. Allí la Seguridad Social consideró que la causa del fallecimiento de Arroyo Lozano se debió a enfermedad común y no a enfermedad profesional, como exigen sus familiares.

Un excompañero de Arroyo Lozano, Manuel Gómez, declaró en el juicio que «hacían los trabajos que nos mandaban» y, aunque el fallecido era electricista, «también estaba con la máquina de soldar y cortar. Hacíamos de todo».

El testigo de la defensa confirmó que «nadie de Astilleros Españoles -La Naval, en este caso-, les dijo que los tubos de los buques que manipulaban estaban forrados con amianto». Reconoció que se enteró de que era así una vez que conoció la muerte de Arroyo Lozano, pero admitió que cuando terminaban la jornada laboral, «llegábamos a casa llenos de polvo. Teníamos polvo en la nariz y en la garganta de todo lo que cortábamos y retirábamos. Bebíamos mucha leche para combatir esa exposición a todo lo que respiramos».

La falta de información a los trabajadores de que estaban manipulando un mineral cancerígeno fue absoluta. Sin embargo, la defensa de Izar Construcciones Navales, empresa que sustituyó a Astilleros, trató de aprovecharse de la edad avanzada del excompañero del fallecido en base a que Osalan en un informe señaló que en La Naval «no había amianto» y preguntó al extrabajador «si sabía distinguir el amianto, las fibras de vidrio o de roca», aunque la defensa, tampoco.