UPN arremete contra Kontuz tras el fracaso de la denuncia de Pejenaute
UPN asegura que Kontuz sigue las órdenes de Batasuna y que su única intención es «enfangar» al actual Gobierno. La formación de Yolanda Barcina emitió este comunicado después de que Kontuz hiciera público que la denuncia que presentó Jesús Pejenaute contra ellos ha sido sobreseída. Tanto Kontuz como el último director de la CAN, Enrique Goñi, comparecerán en el Parlamento próximamente.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
La juez sobreseyó ayer la denuncia que el exconsejero Jesús Pejenaute interpuso contra Kontuz cuando esta asociación reveló un presunto caso de blanqueo de billetes de 500 euros. El propio Gobierno navarro fue quien aireó esta denuncia, difundiendola en una nota oficial. UPN reaccionó a este contratiempo judicial endureciendo sus acusaciones contra la asociación sin ánimo de lucro, asegurando está a las órdenes de Batasuna y que su «único objetivo es enfangar y tratar de ganar a través del descrédito lo que no son capaces de hacer en las urnas».
UPN aseguró que «no va a contribuir a dar voz a Batasuna en el Parlamento» y envió una nota con las presuntas pruebas de que Kontuz sirve a los intereses de la formación ilegalizada que anunció su disolución el 3 de enero. El partido de Yolanda Barcina expone que Patxi Zamora fue concejal de Zizur Nagusia por ANV, que dos abogados que asesoran a Kontuz están relacionados con la izquierda abertzale y que, otro, Pablo Ibáñez, fue propuesto por Bildu para ser consejero de la CAN el pasado año. También asegura que, dentro de Kontuz, hay miembros de Mugitu el colectivo que estampó tres tartas a Barcina en un acto a favor del TAV, aunque no dice en qué se basa.
Pese a este intento de bloqueo, lo cierto es que Kontuz sí que podrá hablar en el Parlamento. Ayer, en la Mesa y Junta de Portavoces aprobaron la comparecencia que había solicitado la asociación para exponer los resultados sobre la investigación que han realizado sobre Caja de Ahorros de Navarra. Fruto de estas indagaciones, Kontuz interpuso el viernes pasado dos denuncias: una de ella dirigida contra el exdirector de la Caja Enrique Goñi y el expresidente Miguel Sanz por prevaricación por omisión y varios delitos societarios; y la segunda, contra Yolanda Barcina por uso de información privilegiada al invertir en un producto exclusivo que ofreció Caja Navarra a un grupo de clientes «selectos» y que estaba «vetado a terceros».
La solicitud de comparecencia de Kontuz se tramitó pese a que que el presidente del Parlamento (Alberto Catalán, de UPN) no la incluyó en el orden del día. Finalmente, la oposición avaló la petición y logró que se tratara. Por otra parte, todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que acuda a dar explicaciones Enrique Goñi, que en los doce años que llevó la gerencia de CAN nunca ha acudido a la Cámara). UPyD también había pedido ser escuchado, pero nadie arropó esta petición.
Sin obligación de ser veraz
Aunque el PSN accedió a la presencia de Kontuz, sigue marcando distancias con el resto de la oposición. NaBai, Bildu e I-E habían solicitado que el exdirector de la caja acudiera en las mismas condiciones que en una comisión de investigación (obligación de decir verdad y de dar respuesta a todas las preguntas que le realicen los partidos), pero UPN y PSN impidieron que prosperase. El argumento esgrimido por ambos partidos es que sería «prejuzgar» a Goñi y dudar de su ofrecimiento.
Sin embargo, teniendo en cuenta de que Goñi está siendo investigado por la fiscalía por presunta estafa y que el viernes recibió una segunda denuncia por parte de Kontuz, los condicionantes que había marcado la oposición parecían bastante justificados.
La Mesa no ha puesto fecha para las comparecencias de Goñi y Kontuz, aunque sí ha acordado que primero hablará la asociación sin ánimo de lucro y, después, el exdirector. Además, la sesión de Kontuz será ordinaria, mientras que Goñi contará con todo el tiempo que sea necesario para dar las explicaciones oportunas de por qué la caja ha registrado una pérdida de valor patrimonial de más de mil millones bajo su mandato.
Los partidos de la oposición siguen insistiendo en que la herramienta adecuada para resolver el «caso CAN» en el Parlamento sigue siendo la comisión de investigación. Roberto Jiménez, del PSN, ya ha admitido que, si estas comparecencias generan nuevas dudas sobre cómo se realizó la gestión de la caja, no descarta la creación de dicha comisión investigadora.
Mientras el Parlamento toma sus decisiones, la juez María Paz Benito Osés está estudiando la posibilidad de abrir diligencias contra Sanz y Goñi por la denuncia de Kontuz. Asimismo, el fiscal valorará si sigue adelante con la denuncia a Barcina.
Aralar compareció ayer en rueda de prensa para reclamar que se endurezcan y se amplíen los tipos penales para la corrupción, que, a su juicio, no es un conjunto de hechos aislados dentro del Estado español, sino que «es algo que se ha instalado en el sistema de la reforma del franquismo». Patxi Zabaleta, líder de esta formación, apuntó que la corrupción ha trufado también Hego Euskal Herria y que para corregirla basta con mirar «las legislaciones que existen en los países de alrededor».
Aralar remarca que hay que alejarse de la ultraderecha cuando denosta a la política por la corrupción e insiste en que «una manzana podrida en la cesta no significa que todas las manzanas estén podridas». La representación parlamentaria que Aralar tiene en Nafarroa no es capaz de endurecer los tipos penales que castigan la corrupción, ya que es una competencia del Gobierno español, por lo que Zabaleta y Rebeka Ubera adelantaron que intentarán tramitar estas propuestas a través de la coalición Amaiur, de la que participan.
En concreto, Aralar opina que el delito de corrupción debe extenderse a quienes corrompen a un político, ya que en la actual legislación solo se castiga al cargo público. Además, sostiene que la pena de inhabilitación debe ampliarse hasta que «esta pueda llegar a ser para toda la vida y afectar no solo al ejercicio de la actividad pública o funcionarial, sino también a los contratos públicos». Asimismo, afirma que los partidos deberían tener responsabilidad civil por la corrupción de sus miembros. A,I.
