Estas son varias de las condiciones que se incluyen en la nueva normativa de cajas de ahorros, que ayer fue puesta a consulta pública y que podría entrar en vigor entre finales de 2013 y principios de 2014, según fuentes del Ministerio de Economía.

En ella se indica que las fundaciones bancarias serán aquellas que mantengan una participación en la entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración.

Las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 30% en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma deberán de acordar un protocolo de gestión de la participación financiera y tendrán que presentar el plan financiero ante el Banco de España. En el caso de que posean del 50% en adelante, tendrán que preparar el plan financiero, crear el fondo de reserva y, además, elaborar un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos «que deberá incluir el compromiso para que la inversión en activos emitidos por una misma contraparte no supere los porcentajes máximos sobre el patrimonio total que determine el Banco de España».

Mayor competencia del Estado

El Estado incrementará su nivel de competencia a medida que la caja aumente su presencia en el banco. Si la caja posee menos de un 30%, el Estado solo tendrá competencia sobre el gobierno corporativo; si posee entre el 30 y el 50%, el supervisor también deberá analizar la participación bancaria, y si supera el 50%, la capacidad de control del Banco de España será «máxima».

Fuentes del Ministerio de Economía detallaron que la nueva normativa de cajas de ahorros era una de las condiciones que Bruselas imponía al Estado español a cambio de la ayuda a su sistema financiero. «El calendario del Memorandum de entendimiento (MoU) se ha cumplido escrupulosamente. La nueva ley es un texto equilibrado que nos satisface a todos», señalaron.

La normativa establece que las cajas de ahorros volverán a su origen, es decir, han de ser entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social cuyo ámbito de actuación será una comunidad autónoma, siempre que no exceda de diez. Además, incluye la definición de lo que ha de ser su actividad -centrada en la banca minorista-, su ámbito geográfico -centrado en una comunidad autonómica y provincias limítrofes- y su volumen.

También determina que las cajas que tengan una participación en una entidad de crédito superior al 10% deberán transformarse en fundación bancaria con finalidad social y cuya actividad irá orientada a la atención y desarrollo de la obra social. La ley marca que tendrán que convertirse aquellas entidades con un activo superior a 10.000 millones de euros o con una cuota de instalación del 35%. El plazo de transformación que se establece para estos supuestos es de cinco meses, lo que implica que para mayo o junio de 2014 el nuevos sistema de cajas de ahorro ya estaría completado.

Estas fundaciones tendrán como órganos de gobierno un patronato -con un máximo de 20 miembros-, un director general y los que prevean sus estatutos. En este contexto, el Banco de España se encargará de la supervisión de la entidad de crédito participada.