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La plantilla del 010 se incorpora al trabajo aunque aún ve «flecos»

Después de dos meses en huelga, las trabajadores del servicio de atención al ciudadano de Gasteiz regresan hoy a sus puestos de trabajo. La vuelta se debe a que la plantilla se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 a consecuencia del acuerdo presupuestario entre PNV y PP, aunque desconocen qué ocurrirá con sus empleos a partir de esa fecha.

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GARA | GASTEIZ

Las trabajadoras del 010 y de atención ciudadana de los centros cívicos de Gasteiz volverán hoy al trabajo tras dos meses de huelga, pero advierten de que aún quedan «flecos importantes» para dar por cerrado este conflicto laboral.

Veintitrés de las cuarenta personas que prestan este servicio subcontratado por el Ayuntamiento iniciaron el pasado 19 de noviembre una huelga indefinida en protesta por la decisión del consistorio de derivar parte del servicio al personal municipal y eliminar 20 de los 32 puestos de trabajo.

La situación cambió el miércoles debido a que el pacto presupuestario alcanzado por el PP y el PNV en Gasteiz incluye el mantenimiento del empleo de estas trabajadoras hasta el 31 de diciembre de este año.

En una nota difundida ayer, las trabajadoras anunciaron su regreso al trabajo y expresaron su deseo de «hacer borrón y cuenta nueva» en la relación con las empleadas que decidieron no secundar la huelga, a las que emplazaron a «aunar esfuerzos» porque «quedan importantes flecos por resolver, como es la futura organización y prestación del servicio».

Protesta ante las instituciones

Por otra parte, representantes del sindicato LAB se movilizaron ayer en Bilbo y Gasteiz para reclamar a ayuntamientos y diputaciones que se opongan «de manera contundente a los recortes que proceden del Gobierno del PP».

Bajo el lema «Frente a las Imposiciones del Estado español, soberanía para Euskal Herria», los delegados de LAB exigieron a los partidos que gobiernan estas instituciones que defiendan los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores.

Apuntaron que «en muchos casos ayuntamientos y diputaciones han pretendido evitar o dulcificar las medidas impuestas desde el Gobierno español buscando resquicios legales». Consideraron que aunque ello ha evitado la aplicación de algunos ajustes, es «insuficiente» ante futuras medidas de recorte y «el desmantelamiento de los servicios públicos».

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