«Rancio» e «imperialista» son algunos de los calificativos dirigidos desde los partidos que sustentan la Generalitat, CiU y ERC, a la filtración de la Ley de Acción Exterior que ultima el Gobierno Rajoy, destinada a poner trabas a la ofensiva soberanista de cualquier nación sin Estado en el ámbito internacional.

Entre las medidas que avanzó ayer ``El País'', destaca el afán del Ministerio de Exteriores de «tutelar» la actuación de los gobiernos autonómicos en el ámbito internacional, desde la premisa de que estas labores son competencia exclusiva del Estado. Al contrario de lo que ocurre ahora, se les impondría que informen de sus viajes y actuaciones, tras lo que Madrid valoraría si se adecúan a sus propios objetivos y actuaría en consecuencia. Se controlará además la apertura de sus sedes en el exterior, impidiéndola en el caso de que esa comunidad haya incumplido el objetivo de déficit impuesto a su vez por el Estado.

Esta última medida demuestra que la ley, al menos en este momento, tiene como primer objetivo a Catalunya. Hay que recordar que la hoja de ruta del acuerdo CiU-ERC se basa en llevar el enfrentamiento con el Estado al terreno europeo para que este ejerza un papel de arbitraje en base a la legislación internacional sobre los derechos de los pueblos. Catalunya dispone de delegaciones en Bruselas, París, Londres y Berlín, así como en Nueva York (por contra, solo una de las seis de Lakua está en Europa, la de Bruselas).

La filtración de esta Ley de Acción Exterior no amilanó a los firmantes del acuerdo parlamentario catalán, sino al contrario. Para el president, Artur Mas, querer limitar así la acción exterior «es el signo del nacionalismo español más rancio y obsoleto» y «prueba del nacionalismo en el peor sentido de la expresión, erróneo y cerrado».

«No se pueden poner puertas al campo, estamos en el siglo XXI», añadió Mas durante un acto en el que anunció un plan de proyección internacional de la marca Catalunya junto a la marca Barcelona. Sobre esta última, el líder de CiU trasladó a Madrid que «Barcelona es la marca más importante del Estado».

En cuanto a ERC, su portavoz, Anna Simó, instó a Mas a mantener la acción exterior, e incluso incrementarla, como mejor respuesta ante «el contraataque del Imperio». «También nuestros diputados y todos los catalanes con intereses fuera deben ser microoficinas de Catalunya en el exterior», propuso.

«El Estado hace lo que cree que debe hacer, y nosotros tenemos que avanzar sin complejos para internacionalizar el hecho catalán y la voluntad del Parlamento y del pueblo», añadió.

Lakua, Nafarroa y Andalucía

Por contra, el Gobierno de Lakua no expuso ninguna posición tras esta filtración. El proyecto de Ley de Acción Exterior no fue citado por el portavoz, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa tras la reunión de Iñigo Urkullu con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao [ver página 11]. Por ahora, el nuevo Ejecutivo no tiene en su agenda una acción exterior en favor de los derechos de Euskal Herria.

Este silencio no solo contrastó con el malestar expreso de la Generalitat, sino también con los recelos de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE. Se trata de las tres únicas comunidades que mantienen oficinas en el exterior (Nafarroa acaba de diluir a la de Bruselas en la delegación del Estado). La consejera de Presidencia andaluza, Susana Díaz, se mostró alerta ante el plan y deseó que no sea «otro frente de confrontación» con las autonomías.