Los hechos ocurridos el pasado 8 de enero provocaron un aluvión de protestas y denuncias. A la hora de la comida, una agente municipal en uniforme se presentó en el comedor público gestionado por el Ayuntamiento para conducir a la niña a su casa. Al no encontrar allí a su madre que, por lo visto, debía haber ido a buscarla al centro Saint Vincent donde está escolarizada, la agente se la llevó al puesto de la Policía Municipal.

Desde entonces las diferentes instancias (electos, director de la escuela, sindicatos policiales) se devuelven la pelota de la responsabilidad. Aun no está claro quien ordenó a la Policía personarse en el comedor y llevarse a la niña ante todos sus compañeros con el consiguiente susto para ella y el resto de la clase.

Al tratarse de un comedor municipal todas las miradas se volvieron hacia el alcalde Dominique Lesbats que, bajo la presión mediática, tuvo que pronunciarse. Declaró que no fue él quien ordenó directamente la intervención policial y reconoció que la actuación «podía haber originado cierta conmoción». Sin embargo, justificó el hecho aduciendo que los dos padres, en trámites de divorcio y en conflicto por la custodia de la niña, habían sido advertidos varias veces respecto al impago del comedor y añadió que «estamos obligados a aplicar el procedimiento».

Denuncia judicial

El director de la escuela condenó el procedimiento. «Ningún niño debe pagar las consecuencias de un litigio que afecta a los adultos», dijo solidarizándose con la alumna.

El padre de la niña, que denunció enérgicamente ante los medios de comunicación el trato dado a su hija, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Baiona por «violencia voluntaria contra un menor por parte de una persona depositaria de autoridad pública» con el objeto de que se abra una investigación y se depuren las eventuales responsabilidades.

También la Federación de Padres de Alumnos dio cuenta de su indignación y calificó la intervención como «totalmente injustificable» subrayando la responsabilidad «plena y exclusiva» del alcalde, a quien recordó que «en caso de impagos, los servicios sociales deben buscar una solución y que existen otras vías como las del embargo legal».

El hecho también hizo reaccionar, entre otros, al ministro francés de Educación; al Defensor del Pueblo, que anunció una investigación; y a los sindicatos policiales, que manifestaron que ese tipo de intervenciones no entra en sus funciones.

Los tres grupos municipales de la oposición (Herria Bizi Dadin, Unis à Gauche y Ustaritz Ensemble) condenaron, asimismo, la intervención «traumatizante para la niña, sus padres y los alumnos» y reprocharon a los responsables no haber medido el impacto sicológico provocado en el municipio.

Consideraron «vergonzoso que un menor de cinco años sea víctima de los servicios administrativos municipales», por lo que han exigido las explicaciones públicas al primer edil en el pleno que tendrá lugar hoy a partir de las 20.00.