El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, remitió una misiva el lunes al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, avisándole de que la cesión del Koldo Mitxelena «en apoyo a los presos» podría vulnerar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. Le da un plazo de siete días para que le informe de las entidades o personas que en los últimos seis meses han utilizado el centro cultural público y para qué actividad. Si no, pondrá los hechos «en conocimiento del Ministerio Fiscal».

«Urquijo está obsesionado con la Diputación», respondió su portavoz, Larraitz Ugarte. Negó que se haya delinquido y aclaró que los actos son públicos, transparentes y están colgados en su web a la vista de todos.