Vera admite que se entregan facturas a inmigrantes sin tarjeta sanitaria
Marta Vera admitió ayer en el Parlamento que se están entregando facturas a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria que acuden a los servicios de urgencias de Osasunbidea. Afirmó que, si posteriormente demuestran que no tienen fondos, la factura se deja sin efecto. Los grupos de la oposición se sumaron a las críticas de las ONG, que consideran que este sistema es disuasorio para personas en situación irregular y que, además, tiene dificultades idiomáticas.
Martxelo DÍAZ |
La consejera de Salud del Gobierno navarro, Marta Vera, admitió ayer en el Parlamento que se están entregando facturas a personas inmigrantes que acuden a ser atendidas en urgencias de Osasunbidea aunque, aseguró, si posteriormente se demuestra que no tienen recursos para abonarlas se dejan sin efecto.
Vera explicó que la entrega de las facturas se realiza después de que hayan sido atendidos y que tienen un plazo de diez días para anularla antes de que se les cobre. Por ello, proclamó que en Nafarroa no se está produciendo desasistencia sanitaria de inmigrantes sin tarjeta.
Sin embargo, varias ONG han denunciado que la mera entrega de estas facturas provoca ya un efecto disuasorio entre los inmigrantes que no tienen papeles. muchos de los cuales tienen problemas idiomáticos para entender que existe un proceso burocrático posterior por el que pueden librarse de abonar el costo de la intervención. Por ello, muchos optan por no acudir a urgencias, lo que provoca un agravamiento de sus dolencias e incrementa el riesgo de que se produzca un problema de salud pública, según las ONG.
Bakartxo Ruiz (Bildu) respondió a Vera que no se cree que se esté atendiendo a todos los inmigrantes y acusó a la consejera de «estar trabajando en su despacho en Excel» mientras las ONG «están a pie de calle para atender a las personas».
Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai) señaló a Vera que «una mentira por repetida que sea no se convierte en verdad» y reclamó que, ante la sentencia del Tribunal Constitucional español que suspende el decreto foral que regula la atención a inmigrantes, defienda el autogobierno, «que es defender las leyes navarras, no navarrizar leyes xenófobas españolas».
Marisa de Simón (I-E) subrayó que el procedimiento de facturación no es fácil para los inmigrantes sin papeles, «personas que tienen miedo y están en situación de urgencia».
Buena reacción en las cocinas
En relación a los problemas que está provocando la privatización de las cocinas hospitalarias -los pacientes se quejan de que la comida llega tarde y en malas condiciones-, Vera valoró positivamente la reacción de la concesionaria Mediterránea de Cátering, por lo que pidió «un voto de confianza y que se rebaje la tensión por el bien de los pacientes». Ya implantado en el Virgen del Camino desde el 21 de enero, a partir de hoy se aplicará el nuevo sistema en el antiguo Hospital de Nafarroa.
Añadió que comprendía que hubiera hostilidad entre la plantilla del Complejo Hospitalario porque trabajadores de las antiguas cocinas han sido despedidos pero a continuación lanzó la piedra de que «la empresa sospecha de que se ha podido producir algún sabotaje». De Simón, que fue quien preguntó a Vera por las cocinas, le reprochó su «autocrítica cero».
El sindicato ELA se sumó ayer a las voces que piden que las cocinas vuelvan a ser públicas.
Los representantes de PNV, PP y UPyD en el Parlamento de Gasteiz sumaron ayer sus votos para rechazar una enmienda transaccional, suscrita por EH Bildu y PSE, contra la reforma sanitaria impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la enmienda se reclamaba la creación de un fondo económico para compensar a las personas afectadas por el copago farmacéutico. La financiación de dicho fondo, que se descontaría del Cupo, quedaría asegurada en el próximo proyecto presupuestario. En la iniciativa, que fue defendida por Rebeka Ubera (EH Bildu) y Blanca Roncal (PSE), se instaba a la Cámara a expresar su compromiso con el sistema público de salud y se pedía al Gobierno de Lakua la puesta en marcha de una serie de medidas dirigidas a «fortalecer el sistema público con el fin de garantizar el derecho a la proyección de la salud de todas las personas».
Los dos grupos proponían «articular las vías jurídicas, políticas y económicas necesarias» para no aplicar las medidas impuestas por el PP puesto que, en opinión de Ubera y Roncal, tienen por objeto «recentralizar y privatizar» el sistema sanitario.
Fuera de la Cámara, el consejero de Salud, Jon Darpón, rechazó el copago, aunque comentó que, con el auto del Tribunal Constitucional español «no nos queda más remedio que ponerlo en marcha». Además, señaló que el Gobierno de Iñigo Urkullu propone «reorganizar» los servicios sanitarios. «Nuestro objetivo no es que disminuya el peso del coste del sistema de salud, que es muy difícil, sino gastar bien lo que tenemos», puntualizó. GARA
