En el pleno celebrado ayer en el Parlamento de Gasteiz, EH Bildu presentó una proposición no de ley para que se deroguen todos los artículos y disposiciones aprobadas en la anterior legislatura para endurecer las condiciones de acceso y la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La coalición abertzale fue la única que defendió la derogación de esta ley, ya que PNV, PSE y UPyD se unieron para aprobar una iniciativa que pide garantizar esta ayuda en 2013.

Antes de la votación, la parlamentaria de EH Bildu Belen Arrondo defendió la derogación de todos los artículos y disposiciones que el Ejecutivo de Patxi López, con el apoyo del PP, introdujo en los presupuestos de 2012 en relación con la RGI y con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Las modificaciones introducidas han supuesto la reducción en un 7% de las cantidades asignadas a los perceptores de la RGI y la PCV, ayuda esta última que se limitó a un máximo de 250 euros al mes.

Además, el Gobierno del PSE también endureció los requisitos para acceder a estas ayudas al incrementar de uno a tres los años de empadronamiento necesarios para cobrar estas prestaciones.

Entre las propuestas de EH Bildu también se encuentra la creación de un fondo especial para que los afectados por los recortes reciban, durante el primer trimestre de 2013, las cantidades que no han percibido. La iniciativa fue rechazada con los votos en contra del resto de los grupos.

La parlamentaria del PNV Amaia Arregi afirmó que las leyes no pueden ser modificadas «al albur» del partido que esté en Gobierno y añadió que «no hay dinero» para crear ese fondo que plantea la coalición.

PNV, PSE y UPyD hacen piña

Por el contrario, fue aprobada una enmienda de PNV y PSE, que también contó con el apoyo de UPyD, en la que el Parlamento insta a Lakua a garantizar las ayudas sociales en los presupuestos de 2013.

En el texto que salió adelante, con la abstención del PP, también se apuesta por trabajar a favor de la inclusión social activa de los beneficiarios de ayudas sociales, mejorar el funcionamiento de Lanbide e informar al Parlamento de la situación de los expedientes tramitados al finalizar cada período de sesiones.