(...) Al colocar la migración como uno de los temas centrales de la agenda política de Washington -al plan del Ejecutivo se suma la propuesta elaborada por una comisión bipartidista en el Senado-, resulta inevitable recordar la improcedencia y la doble moral de la política antimigrante que ha mantenido ese gobierno en décadas recientes: en efecto, las medidas persecución en contra de la migración indocumentada no están orientadas tanto a la eliminación de ese fenómeno en el vecino país -perspectiva que derivaría en el estancamiento y hasta en la parálisis de varios sectores de su economía- cuanto a modular, mediante el relajamiento o la intensificación de esa persecución, la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades del mercado laboral de ese país, y a proveer a su economía de un factor de competitividad financiera.

Es falso, pues, que la migración indocumentada constituya una amenaza de desestabilización o inseguridad para Estados Unidos, como han sostenido reiteradamente los estamentos más conservadores, chovinistas y xenófobos de la nación vecina; en cambio, la penalización de ese fenómeno ha constituido históricamente una forma inmoral, inhumana e insostenible de subsidiar la economía de ese país.

Por lo demás, la perspectiva de la aprobación de una reforma migratoria adquiere relevancia adicional para nuestro país, en tanto que permitiría corregir, así sea parcialmente, uno de los rasgos más perversos del proceso de integración regional a que fue sometido México desde el gobierno de Carlos Salinas: cabe recordar que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estableció la apertura de las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá para las mercancías y los capitales, pero las cerró a las personas; de esa manera, se otorgó a las trasnacionales el derecho a buscar mejores condiciones de desarrollo y se le negó a los trabajadores. (...)