La corrupción en un sistema democrático es muy ineficiente para la economía. Este argumento está haciendo fortuna. En la sociedad neoliberal, en la que el ciudadano ha quedado reducido a simple portador de intereses privados, el argumento económico resulta para muchos más convincente que las apelaciones a la moral, a la justicia o simplemente a los buenos modales. De modo que cabe preguntarse qué pasaría si la corrupción fuera eficiente.

(...) Tienen razón los que dicen que hay que evitar la generalización de las acusaciones de corrupción, porque deslegitiman la política, es decir, se llevan por delante no tanto a los corruptos como a las instituciones. Es fundamental salvar y recuperar la política, porque es el único instrumento de que la mayoría de ciudadanos dispone para poner límites a los abusos de poder. Pero los primeros que deben defender la política son los dirigentes políticos. Y no es admisible la apelación ventajista a la importancia de no desprestigiar la política para ocultar la corrupción y proteger la impunidad.

(...) Precisamente porque hay que defender a la política, los gobernantes tienen que reaccionar con prontitud, diligencia y contundencia. Es una estafa política y un fraude de ley utilizar los recursos legales no para aclarar lo que ha ocurrido sino para garantizarse la impunidad. Los principios garantistas y la presunción de inocencia están para evitar que una persona inocente pueda ser condenada o estigmatizada como culpable. Se degradan y se convierten en motor de desigualdad y de injustica cuando se utilizan para proteger a quienes han delinquido. (...) ¿Qué habría pasado si el caso Naseiro no se hubiese resuelto favorablemente para el PP por unos defectos de forma? ¿Aspira ahora el PP a repetir suerte en el caso Bárcenas, aún a riesgo de dejar una sombra de sospecha sobre todo el partido? La situación hoy es muy distinta que la de entonces. Los ciudadanos han perdido la inocencia y en la actual crisis social todo intento de ocultación es un escarnio. Y, sin embargo, los gobernantes se resisten a cambiar de actitud. Ya sé que la arbitrariedad es sustancial al poder. Y que el Estado prohíbe la injusticia no porque la quiera prohibir, sino para administrarla. Pero los dirigentes políticos deberían ser conscientes de que son las propias instituciones las que corren peligro por su frívola respuesta. (...)