Antes de que los efectos de la corrupción política ocuparan las primeras planas de todos los medios de comunicación, se había empezado a hablar de terminar con el paro, sobre todo, juvenil. Para ello, tanto Pérez Rubalcaba (PSOE) como la ministra español de Trabajo, Fátima Báñez, pusieron sobre la mesa la necesidad de bonificar a los empresarios que contraten a jóvenes mediante el alivio del pago de las cotizaciones sociales. No es nuevo, sí repetitivo y con escaso efecto éxito en cuanto a lograr empleos de calidad, porque todas las reformas han perseguido lo mismo, pero el casi 95% de los contratos que se firman son precarios en pleno siglo XXI.

Me parece que este sistema también tiene que ver con la corrupción. Primero, nos dicen que la cosa está muy mal y echan a la calle a miles de trabajadores. En Hego Euskal Herria el paro ha aumentado casi en 125.000 personas desde que se inició la crisis y otras 110.000 han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Después, nos dicen que para que estos pobres empresarios puedan contratar se les debe permitir que no coticen a la Seguridad Social. Así les financiamos doblemente. A este paso, la Seguridad Social llegará a ser una ruina y, a la vez, propondrán cargársela, que es lo que tanto el PP como el PSOE parece que están estimulando no desde hoy, sino desde décadas antes para entregar el negocio a los especuladores.

Tres datos. El primero: el informe sobre corrupción mundial de 2012, que elabora la organización Transparency Inter- national, confirma que el índice de transparencia en el Estado español está por debajo del resto de los países europeos y se equipara al de Bostsuana; sí, donde el rey de los españoles se fue a «cazar» elefantes. Otro dato importante es que las empresas no financieras obtuvieron un beneficio neto entre 2007 y 2011 de 180.080 millones, más que los 173.434 millones de cinco años antes en pleno auge económico. O sea, la crisis es crisis para unos, no para todos.

El tercer dato tiene que ver con los grandes bancos. Dicen que han reducido sus beneficios en un 83% en 2012, pero resulta que han realizado provisiones superiores a los 46.000 millones que salen de los beneficios. ¡Que no nos engañen!