Antes de entrar a valorar el anteproyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias mediante el que se propone el sometimiento de Kutxabank al Ministerio de Economía y al Banco de España, que a su vez están supervisados por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, convendría pararse a reflexionar lo que ha supuesto la creación de Kutxabank SA. Matizo lo de sociedad anónima porque banco público es una entidad bancaria bajo propiedad y control del estado o de otras administraciones públicas, cuya actividad sirve, por tanto, al interés público y la diligencia y las cuentas están sujetas a información pública. Y hago hincapié siempre en la clarificación de este concepto, ya que el error en el origen del proyecto Kutxabank, de todos los que firmaron el contrato de integración, fue aparcar en las discusiones lo fundamental. Lo esencial es que sí que existe una enorme diferencia entre unir tres cajas en una o parir un banco como el vasco-andaluz.

En el año de su andadura, en Kutxabank se han destruido 263 puestos de trabajo, se ha absorbido parte del excedente de plantilla de la expansión, generado por la mala gestión empresarial, con traslados a centros de Hego Euskal Herria y, como consecuencia de esta migración forzosa, se están cerrando todas las puertas a la creación de empleo en nuestro entorno. A esta política de personal se le dará continuidad si se confirman los pactos de Kutxabank con CCOO y Pixkanaka, con el trasvase de otras 250 personas a oficinas de los tres territorios históricos. Si a estos números le añadimos el previsible ajuste por la reorganización del banco y su repercusión en Informática de Euskadi, Ibermática y Cromion dependientes de él, hablaríamos de nuevos desempleados. Este problema se agigantaría todavía más si se confirma un fuerte recorte en el presupuesto para la Obra Social. En el año 2009, para Bizkaia, se presupuestaron 102 millones de euros, en 2012, 65 millones; para el presente 2013, aunque no hay cantidades oficiales, se calcula que no llegará a la mitad de lo destinado este pasado año. Esta drástica disminución de los recursos, además de incidir en el empleo indirecto que se genera por la obra en colaboración, pone en grave riesgo los 200 empleos de la Obra Social Propia.

Cambiando de tercio, el supuesto referéndum para que los trabajadores se posicionasen a favor de un marco propio de negociación, también en este año 2012, ha quedado en el olvido, porque no fue más que un gancho para atraer a la firma del contrato integración de Kutxabank a nuevos socios. Ayer y hoy, la dirección de Kutxabank solamente acepta un convenio de empresa y tiene los mismos aliados de siempre: los sindicatos estatales.

Si nos detenemos en los 200 millones destinados a la ampliación de capital realizada en BBK Bank-CajaSur y los 149 millones dedicados a la recompra de preferentes de esta misma entidad, convendríamos que este desvío de recursos tampoco ayuda a la economía de Euskal Herria.

Si como se espera los beneficios de Kutxabank no tienen tampoco nada que ver con el músculo financiero, las sinergias y demás mandangas retóricas proclamadas por los mentores del proyecto Kutxabank que aventuraban enormes beneficios y una Obra Social quintuplicada, no parece que el balance sea muy positivo.

Kutxabank, llamado a ser el pilar de nuestro sistema financiero y los cimientos de nuestra estructura económica y uno de los más importantes instrumentos de política económica para hacer frente a la crisis actual, no ha dado prioridad a las inversiones en el entorno cercano. Se ha recorrido justo el camino contrario: Kutxabank se ha deshecho parcialmente de la propiedad de importantes empresas estratégicas como Euskaltel, CAF o por recorte en la participación de Iberdrola tras cobrar el dividendo.

Con la suspensión temporal de los desahucios se ganó cierto prestigio, pero la supresión de esta medida lo muestra de nuevo con cara antipática y, dado el volumen de su cartera crediticia, lo pone en el punto de mira de la mayoría de las protestas.

Por último, y para cerrar este recuento, la forma de elección de los órganos de gobierno de las cajas, por mor de la Ley de Cajas vascas aprobada en junio de 2012, y el cómo se conformó el Consejo de Administración de Kutxabank, no han contribuido en la necesaria democratización de una entidad dirigida exclusivamente por el tándem PNV-PP.

Entrando ya en el anteproyecto de Ley de Cajas de ahorro y fundaciones bancarias, diré que este se ha fraguado en las conversaciones mantenidas, desde Bilbo, entre el PNV-PP y el Gobierno español, con intervención catalana y, en otro campo de juego, las autoridades económicas de Madrid con el Eurogrupo. Este hecho me induce a pensar que los cambios serán mínimos y que la posibilidad de pactos en contra del intervencionismo se atisba difícil.

Antes de que termine 2014, las cajas que transfirieron su negocio a un banco procederán a su transformación en una fundación bancaria, con pérdida de la autorización para actuar como entidad de crédito. Supervivirán solamente las cajas de Ontinyent y Pollensa, las que no se mutaron en un Banco-SA.

Los órganos de gobierno de las fundaciones serán el patronato, el director general y los demás que, en su caso, prevean sus estatutos de acuerdo con la normativa general de estas. En el caso de Kutxabank, la fundación inicialmente mantendría una propiedad superior al 50% en el banco, y para desmotivar a los reacios a la salida a bolsa, se les exigirá un plan de desinversiones y diversificación del riesgo, así como un fondo de reserva. El calendario y los porcentajes del fondo respecto a los activos ponderados por riesgo los fijará el Banco de España.

En la fundación se aplicarán los criterios de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional cuando el ámbito principal de la obra social exceda la comunidad autónoma.

Para que esté todo bien atado: las cajas de ahorros que a la entrada en vigor de la norma posean una participación igual o superior al 50 por ciento en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma en los términos del artículo 42 del Código de Comercio y que se transformen en fundación bancaria no podrán adquirir acciones del capital social de la entidad de crédito controlada de forma que les permita incrementar el porcentaje de participación en el capital que tuvieran al tiempo de entrada en vigor de la ley referida.

Este anteproyecto no impide de ninguna manera que las cajas de ahorros, en último término, tengan que reducir su participación en el banco hasta un nivel no mayoritario. Lo que sí frena es la salida a bolsa de Kutxabank de manera alocada, pero solamente porque se traduciría en una pérdida de valor, y esto no le conviene ahora, visto el caso de Bankia, al sistema financiero español. Como he dicho anteriormente, el yin (la oscuridad) de la desinversión gradual impone obligaciones crecientes a mayor participación. O sea, que cuando remonte algo la crisis, nos vendrán con los argumentos de la vía italiana para que Kutxabank sea íntegramente de accionistas privados. Alegarán que la separación entre la fundación y la sociedad bancaria no es suficiente, sea cual sea el porcentaje de participación en el banco, y que no se eliminará la influencia política sobre la banca, ni se permitirá a la fundación realizar su propia función de ente sin ánimo de lucro; o sea, se allanará el terreno para la desunión total.

Concluyendo: se han ido poniendo las bases para liquidar las cajas de ahorros, y la llamada bancarización con control público es un camelo. Visto que ya hay algún sindicalista que propugna la venta de acciones de Kutxabank para «garantizar» su empleo en la Obra Social-BBK, no sería sorprendente que pronto, para cubrir los huecos que deja la administración en las necesidades sociales, políticos de alta alcurnia proclamen lo mismo. La reciente petición de traspaso de las competencias sobre el control de las entidades financieras hecha por el PNV sitúa ya la venda donde irá la herida: perderán el control de Kutxabank.