La CAV tiene el ratio policial más alto de la UE con 6,9 agentes por mil habitantes
En la CAV hay unos 15.000 ertzainas, guardias civiles, policías españoles y municipales, lo que supone el ratio policial más elevado de la Unión Europea. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, anunció ayer que pedirá a Madrid un repliegue de las FSE.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
En la Comunidad Autónoma Vasca hay, según el último recuento oficial, 8.000 agentes de la Ertzaintza, 3.060 efectivos de la Guardia Civil y 1.520 números de la Policía española. Informes gubernamentales no han concretado la cifra exacta de agentes municipales, pero solo los efectivos de las tres capitales alcanzan los 1.700. Esto hace que contando con todas las localidades es fácil que el número total de policías alcance los 15.000.
En una comunidad que según el Eustat tiene 2.174.033 habitantes, semejante contingente de policías da lugar a un ratio de 6,9 agentes por cada mil habitantes. Se trata de la proporción más alta de la Unión Europea. De hecho, dobla la media de la mayoría de los estados. Por ejemplo, en Alemania el ratio es de 2,9 policías por mil habitantes; en el Estado francés, del 3,5; en Irlanda, del 2,6; en Bélgica del 3,7; en Finlandia del 1,4...
Tal cantidad de policías por habitante en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es el resultado de que la creación y despliegue de la Ertzaintza durante de la década de los 80 y los 90 no estuvo acompañado del consiguiente repliegue de la Guardia Civil y la Policía española, que mantienen en la CAV un número de efectivos muy superior a las necesidades de sus competencias y funciones específicas.
En concreto, según el último recuento del Ministerio del Interior, hay en la CAV 4.580 agentes de las FSE. En Araba mantiene 598 guardias civiles y 341 policías; en Bizkaia, 1.337 guardias civiles y 651 policías; y en Gipuzkoa, 1.125 guardias civiles y 528 policías.
Lakua pedirá un repliegue
La nueva consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que compareció ayer en el Parlamento autonómico para explicar las líneas generales de actuación de su Departamento, anunció que, tras el fin de actividades de ETA, demandará «con firmeza» y «cuantas veces haga falta» ante la Junta de Seguridad el repliegue de efectivos de la FSE. La presencia de cada cuerpo «debe ser ajustada a las necesidades y a las funciones y competencias de cada uno», subrayó.
La tarea de la consejera no va a ser fácil. Los gobiernos españoles nunca se han avenido a negociar con los autonómicos la cifra de agentes de las FSE. Se da la paradoja de que si el Ejecutivo de Lakua quiere aumentar la plantilla de la Ertzaintza, cifrada ahora en 8.000 agentes, debe contar con el permiso de la Junta de Seguridad. Sin embargo, durante años el Gobierno español ni siquiera ofreció a Lakua datos sobre el número de guardias civiles y policías que tenía en la CAV.
La intención de pedir un repliegue de las FSE fue ayer rápidamente contestada por UPyD y el PP, con el argumento de que «esto es España» y guardias civiles y policías «también son de aquí». En paralelo, sindicatos policiales españoles y de Guardia Civil hicieron pública su oposición a cualquier movimiento de estas características.
La consejera contó con el apoyo del PN,V y desde EH Bildu Julen Arzuaga le ofreció el argumento extra de que en estos momentos de crisis económica es preciso optimizar recursos en todas las materias y también en el ámbito policial.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, volvió a defender ayer que el fin de la actividad armada de ETA permite a la Ertzaintza «volver a sus orígenes», que la sitúan como una policía cercana al pueblo. La teoría del Gobierno y del PNV es que las necesidades de autoprotección de la Ertzaintza al ser uno de los objetivos de ETA y de la kale borroka han hecho que se adoptaran prácticas y medidas que han alejado a los agentes de la ciudadanía. Sin embargo, desde UPyD, PP y PSE se insistía ayer en que la Ertzaintza ha sido y es una policía civil y cercana. Llama la atención que, como ha ocurrido con el Estatuto, aquellos sectores que inicialmente desconfiaban de la Ertzaintza hayan asumido finalmente su defensa a ultranza por encima del partido que ideó y creó el cuerpo policial a su imagen.
La presión que estos partidos ejercieron desde su posición ideológica facilitó que la consejera pasara de puntillas por los requerimientos que Julen Arzuaga le hizo desde EH Bildu sobre la necesidad de que la Ertzaintza asuma también su parte de responsabilidad en la conculcación de derechos humanos que se han dado en las últimas décadas, y trajo a colación muertes con apariencia de ejecución extrajudicial, torturas, actuaciones represivas, incluida la muerte de Iñigo Cabacas y las heridas de Xuban Nafarrate.
Preguntada sobre la incomunicación de los detenidos, la consejera señaló que «estamos en tiempos nuevos y eso nos obliga a cambiar las estrategias», pero no quiso ir más allá. Contaba con el colchón de que la mera afirmación durante su discurso de que «el recurso a la fuerza tiene que ser la última medida» había provocado una especie de queja de PSE, PP y UPyD, presentándolo casi como una crítica a la trayectoria del cuerpo. I.I.
La consejera de Seguridad volverá el viernes al Parlamento para dar explicaciones sobre la actuación policial en el partido de Anoeta contra Bolivia y la desaparición de banderas españolas en comisarías.
