En un país en que las fiscalías son tan hiperactivas para ciertas minucias, resulta llamativo que la activación de la investigación judicial del caso de Caja Navarra se haya producido gracias a estas dos denuncias: la de una asociación de usuarios, consumidores y contribuyentes tan concienciada como modesta, que se sufraga con aportaciones voluntarias, como es Kontuz, y la de un partido mediático en Madrid pero irrelevante en Nafarroa, UPyD.

El dato no es solo anecdótico, sino que refleja cómo funciona un sistema que blanquea todo este tipo de asuntos por el sencillo método de no investigarlos. Ya a mediados de los 90 Nafarroa fue referencia en el panorama de la corrupción con los escándalos de Luis Roldán primero, de Gabriel Urralburu después, el llamado «fraude de la Delegación» más tarde, las insinuaciones internas sobre comisiones en el Ayuntamiento de Iruñea de UPN, el «caso Otano»... Sin embargo, su desenlace judicial se fue desinflando. Solo se pilló a los primeros (Roldán y Esparza, Urralburu y Aragón...), pero a medida que la maquinaria de la cobertura se fue engrasando llovieron los carpetazos, uno tras otro.

En ello tuvo mucho que ver el fiscal jefe de Nafarroa. Javier Muñoz se marchó hace unos meses, agasajado por todas las instituciones. «La corrupción a gran escala acabó en Navarra con el `caso Urralburu'», aseguró al despedirse. Se fue por sorpresa y rápido. Hay quien afirma que sabía lo que se venía encima con Caja Navarra. Su sustituto se llama José Antonio Sánchez y parece ser que ya ha hablado de la CAN con el fiscal general del Estado. A ver.