El Gobierno chino anunció ayer que acometerá amplias reformas fiscales, laborales y demográficas para reducir la enorme brecha entre la población rural y la urbana y sacar a 80 millones de personas de la pobreza en los próximos tres años.

El plan aprobado por el Consejo de Estado plantea aumentar los impuestos para las transacciones inmobiliarias, las actividades y productos de lujo, y abre la posibilidad de introducir un impuesto de sucesiones «en tiempos apropiados».

Los ingresos obtenidos de estos impuestos se destinarán a subir el salario mínimo o el gasto en educación, sanidad o vivienda pública.

En cuanto a las reformas fiscales, incrementará en 5 puntos porcentuales el impuesto sobre los beneficios de las sociedades estatales, que actualmente solo transfieren una pequeña parte de sus ganancias al Estado.

Estas empresas son objeto de mucha presión desde los sectores más reformistas, que aseguran que se benefician de ciertos privilegios con respecto a las compañías del sector privado. Ahora, los beneficios de estas empresas se ven como una fuente potencial de financiación para la Seguridad Social china, que incluye las pensiones o la sanidad de los 1.300 millones de ciudadanos del país.

La normativa obligará a los funcionarios del Gobierno a publicar sus ingresos, propiedades inmobiliarias y las inversiones en empresas de ellos mismos y sus familias, una medida que se interpreta como un acto de «transparencia» después de que varios oficiales de alto rango se vieran implicados en graves casos de corrupción.

El Consejo de Estado reconoció que «la necesidad de reformar y optimizar el sistema de distribución de la renta para reducir las desigualdades».