El informe recientemente presentado por el Ararteko, «El impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca», ha causado, en quienes se han enterado, una preocupante sorpresa y alarma social. No parecía previsible que en una sociedad desarrollada como la nuestra, donde la infancia es altamente valorada, se registren niveles de pobreza infantil y riesgo de no cubrir sus necesidades básicas que afectan dentro de la CAV, según los datos apartados, a 35.000 niños y niñas (11%). Este porcentaje es todavía más extenso estadísticamente en el conjunto del Estado. Un reciente informe -«La infancia en España 2012-2103»- estima que 2,2 millones de niños y adolescentes viven bajo el umbral de la pobreza (10% más que en 2008), alcanzando el 16,2% de la población infantil, y están en riesgo de pobreza o exclusión social el 29,8%.

Estos informes son, sin duda, alarmantes y no solo sobre la situación de peligro y marginación de los miembros más indefensos de la sociedad. Ponen además de manifiesto el silencio social, que esconde en el anonimato tales situaciones, y, sobre todo, son denuncia de la política económica y social que las ha provocado.

Pero estos datos vergonzosos para una sociedad llamada desarrollada y avanzada son, a su vez, parte de la conocida cruda realidad que afecta a toda la población mundial donde, según informes recientes, 20.000 niños mueren de hambre diariamente y 200 millones están desnutridos. Y, en cifras globales, se constata que prácticamente el 80% de la población infantil mundial vive en condiciones o en riesgo de pobreza, con todas sus secuelas negativas para la salud y la educación; por tanto, el futuro de la mayoría de niños y adolescentes está abocado al subdesarrollo y la marginación.

No hay duda de los esfuerzo positivos de algunos gobiernos y organismos internacionales para erradicar esta lacra mundial. De hecho, según informe de Unicef, se ha reducido en un 41 % la mortalidad infantil en el mundo. Pero el problema subsiste en proporciones amplias y escandalosas que siguen poniendo de manifiesto, como se ha subrayado, que la pobreza «tiene cara de niño».

Esta grave realidad mundial -sean los que sean sus porcentajes en cada lugar- pone ante todo de manifiesto la ausencia de voluntad política conjunta para resolver definitivamente tan acuciante problema. Basta comprobarlo, a escala reducida, en nuestra comunidad autónoma. Mientras se invierte sumas ingentes en macroproyectos innecesarios, subsisten miles de niños sumergidos en la pobreza, en la malnutrición  y la marginación. Y cuando una sociedad maltrata a un sector de sus miembros más vulnerables, sumergiéndolos en la pobreza, estamos ante una especial injusticia de proporciones individuales y colectivas con consecuencias imprevisibles.

Los múltiples indicadores de la funesta economía capitalista neoliberal, causante de la realidad de una infancia sumergida en la miseria, desatendida en sus necesidades básicas, deben hacer saltar todas las alarmas sociales y denunciar una política económica carente de razón ética y deshumanizada.

Utilizando una metáfora infantil -también bíblica- en su profundo significado semántico, esta economía es un voraz dragón que devora  a los más débiles en las diferentes sociedades de la tierra. Sus alargados y mortíferos coletazos llegan también a los países llamados desarrollados y, en nuestro caso, a los hogares de nuestros pueblos y ciudades.

Nos encontramos, por tanto, ante un problema culpable de vulneración de derechos humanos, en este caso de los niños para quienes el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el «derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social», e impone a los poderes públicos la obligación de adoptar las «medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda».

Pero está ampliamente constatado que el sistema capitalista mundial no atiende a esos  ni a otros derechos humanos. Carece de ética y se guía tan sólo por la lógica del incremento del beneficio para unos pocos. La dramática realidad de una infancia sumergida y engullida por las fauces de la globalización neoliberal es una muestra más de los innumerables atropellos y corrupciones de un sistema cuyos resultados han dejado indiscutiblemente claro que el capitalismo global es insostenible y necesita ser extirpado desde sus raíces; ha profanado el santuario de la vida al tratar de convertir la biodiversidad en monocultivo, la ecología e ingeniería y la propia vida en mercancía, abocando a la pobreza a la mayor parte de la humanidad, y en especial a la infancia. En consecuencia, el rechazo social, cultural y político por parte de numerosos grupos en todo el mundo se enfrenta hoy a una «megamáquina esclavista y totalitaria» -como la denomina E. Morin- que requiere acciones urgentes y estrategias trasformadoras.

La respuesta adecuada y la apremiante solución al urgente problema de la infancia, denunciado por informes y organismos internacionales -entre nosotros en estos días por el Ararteko- no puede venir, en consecuencia, tan solo de asistencias puntuales a casos concretos por parte de los servicios sociales de diversas instituciones y grupos. Aunque necesarios, son remedios paliativos sin futuro que nunca llegan a la solución de fondo que requieren las realidades detectadas. Una política de asistencialismo no es la respuesta esperada y ética. Deben ser denunciadas las causas que originan esas situaciones y que llegan hasta el sistema socioeconómico y político que condiciona la marcha de la sociedad generando permanentes injusticias en todos los órdenes de las relaciones sociales.

Precisamente cuando en el nuevo Gobierno de la CAV se busca establecer una política consensuada de convivencia y paz basada en el respeto, el reconocimiento y los derechos de todas las personas, será necesario hacerlo desde la especial consideración de sus sectores más desprotegidos, entre los que se encuentran los más afectados por la crisis económica, y desde todas aquellas personas que sufren las consecuencias de un sistema político que impide la resolución definitiva del problema global social y político en Euskal Herria y en el mundo.

Las soluciones y respuestas no podrán ser, por tanto, parciales, sino totales y complejas, válidas y eficaces para afrontar una situación sociopolítica de amplias dimensiones que permitan y abran caminos hacia una nuevo sistema donde la convivencia se apoye en una paz basada en la justicia, en los derechos humanos sin excepciones, en especial de los más débiles y pobres.