Pese a que en un primer momento, intentando rebajar la tensión reinante, el Gobierno español insinuó que dejaría pasar la Declaración de Soberanía aprobada por una amplia mayoría del Parlament y no la recurriría al Tribunal Constitucional (TC), apenas ha tardado dos semanas en dar marcha atrás y volver al enfrentamiento directo contra el proceso soberanista catalán.

La Abogacía del Estado entregó ayer el informe pedido por el Gobierno, en el que recomienda el recurso ante el TC, al considerar que el texto viola varios artículos de la Constitución.

Según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la Declaración -que reivindica a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano»- violaría artículos como el primero o el segundo de la Constitución, que sitúan la soberanía en el conjunto del «pueblo español» y establecen la «indisoluble unidad de España», lo que le llevó a calificar el texto de «impugnable».

Como paso previo al recurso, que todos dan por hecho, Sáenz de Santamaría señaló que pedirán un nuevo informe al Consejo de Estado, cuyas valoraciones y argumentos tendrán «muy presentes».

Preguntada sobre el antecedente del Plan Ibarretxe, en el que el Constitucional ni siquiera admitió a trámite el recurso del Gobierno de Aznar, la vicepresidenta declaró que la diferencia son los efectos jurídicos que la Declaración contiene «ad extra», es decir, sobre las competencias de la propia Generalitat. Asimismo, señaló que, a diferencia del Plan Ibarretxe -que seguía su curso hacia el Congreso de los Diputados-, la resolución catalana «agota el proceso de decisión y supone la apertura de un proceso más amplio».

En cuanto al cambio de opinión del Gobierno, que parece apostar ahora por un recurso que al principio rechazó, Sáenz de Santamaría aseguró por enésima vez que el Gobierno «cumple y hará cumplir la Constitución y las leyes» y que, pese a no dudar del «contenido inconstitucional» de la Declaración, quería aclarar sus supuestos «efectos jurídicos» antes de tomar una decisión. En la memoria queda todavía el mal trago de lo sucedido con el Plan Ibarretxe.

Respuesta desde Catalunya

La respuesta catalana no tardó en llegar. En un acto protocolario, el president, Artur Mas, se limitó a señalar que «los países tienen derecho a decidir su máximo autogobierno y su futuro colectivo; y contra eso no hay normas ni leyes ni constituciones posibles». «Es un tema de voluntades de la gente y de derechos que, por otra parte, todos deberían proteger», añadió.

Más explícito, el conseller de Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, calificó de «atentado» la posibilidad del recurso al Constitucional. «Si en el Parlament de Catalunya no nos podemos expresar democráticamente de acuerdo con el mandato de la ciudadanía, esto no es democracia», aseguró, tras mostrarse «sorprendido» por la reacción tardía del Gobierno español, que en su momento calificó la Declaración de «papel mojado que no servía para nada».

También llovieron las críticas desde los socios de legislatura de CiU. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, recomendó al Ejecutivo español preocuparse «un poco más» por la crisis económica, los seis millones de desempleados y la corrupción generalizada y «un poco menos por impedir que los catalanes decidan democráticamente aquello que quieren para el país».

La portavoz de los republicanos, Marta Rovira, también se refirió a la noticia para señalar que el recurso no servirá más que para «incrementar el número de adeptos a la causa» independentista.

Menos indignado, el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, justificó el recurso señalando que «se aprobó una Declaración de Soberanía unilateral, que sale del ordenamiento jurídico» y en una nueva lección de la deriva socialista, aseguró que si se hubiese aprobado la resolución propuesta por el PSC, «ahora ya se discutiría la fecha de la consulta dentro de la legalidad».

Vulneración de derechos

El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo también salió al paso del anuncio gubernamental, que supone, según señaló, «vulnerar los derechos de la ciudadanía de Euskal Herria, Galiza y Catalunya». Errekondo calificó al Estado español como «un Estado fallido» y enmarcó el recurso ante el TC dentro de «la crisis política y territorial que padece». «El Gobierno español no es quien para negarles el derecho a decidir a vascos, catalanes y gallegos», concluyó.