En una rueda de prensa en Donostia, Stop Desahucios explicó que el pasado día 6 de febrero esta vecina de Errenteria recibió una notificación procedente del Juzgado de Paz que «pretendía lanzarla esa misma mañana de su vivienda de VPO».

«El procurador de Kutxabank ha sido quien ha instado al juzgado a proceder al lanzamiento exigiendo la ejecución del auto con fecha 12 de noviembre de 2012 del juzgado de primera instancia número 4 de San Sebastián, sabiendo que este auto estaba recurrido y que, por lo tanto, se encontraba sin efecto a la espera del pronunciamiento judicial», indicaron.

Stop Desahucios denunció la «persecución de Kutxabank contra esta familia de Errenteria» y acusó a la entidad de apropiarse de «un patrimonio público que luego es vendido con opacidad y oscurantismo».

Por ello reclamaron a los partidos «un giro de 180 grados a esta política antisocial contra las víctimas de la burbuja inmobiliaria que ellos mismos contribuyeron a crear» y exigió «la paralización inmediata de todas las ejecuciones hipotecarias y que se ofrezcan a los afectados soluciones que les permita permanecer en sus viviendas pagando un alquiler social y librándoles de la deuda con la entidad financiera».

Condiciones para la moratoria

Por su parte, tras la concentración de ayer en Donostia en apoyo a la vecina de Errenteria, Euskal Herria Bildu exigió a Kutxabank que no promueva ni un desahucio más.

Miembros de la coalición abertzale, entre ellos su representante en el consejo de administración de Kutxa Ainhoa Beola, tomaron parte en la movilización y tuvieron palabras de recuerdo para el activista de esta plataforma que se suicidó el viernes en Córdoba.

Según señaló ayer desde la coalición en un comunicado, el caso de Lorena es «especialmente denunciable» porque la afectada «cumple las condiciones puestas por el Gobierno español para acogerse a una moratoria de desahucio». Añadió que Kutxabank «se ha saltado su propio compromiso público de no desahuciar a nadie».