En su biografía autorizada de José Antonio Sáenz de Santa María, el general que cambió de bando, Diego Carcedo menciona un muy significativo incidente relacionado con la guerra sucia. Un incidente que sucedió probablemente en 1976 y que nadie antes, durante casi 30 años, había mencionado jamás.

Según Carcedo, los protagonistas fueron dos agentes destinados en una oficina secreta del Seced franquista en París: un suboficial y el entonces comandante de Estado Mayor Manuel de la Pascua Paso, que dirigió el servicio secreto en Bilbo antes de ser destinado a la embajada en París. Más tarde, desempeñó el cargo de director de seguridad del Banco de Bilbao durante largos años.

En esa biografía, se dice textualmente que ambos agentes «fueron sorprendidos en un cine recuperando la metralleta Ingram que unos mercenarios habían utilizado en un atentado. La Policía francesa los detuvo y solo fueron expulsados a España después de largas negociaciones y del cierre de la oficina que mantenían de manera subrepticia». Muy significativo, tanto el incidente como que jamás se haya hablado del mismo.

Sobre todo porque sí que se habló en su día, y mucho, de esas metralletas Ingram, más conocidas como Mariettas. Fue a raíz de que la Policía italiana incautara al ultra Pier Luigi Concutelli una de esas armas, que usó para matar el 10 de julio de 1976 al juez antiterrorista italiano Vittorio Occorsio. Se demostró que esa Marietta era de un lote comprado por sus colegas españoles en EEUU y otro juez italiano, Luigi Vigna, pidió explicaciones a los españoles. En vano. Pese a sus reiteradas demandas, jamás recibió respuesta alguna.

Ni siquiera le dieron alguna excusa increíble como hicieron en el caso de un atentado fallido contra Antxon Etxebeste. Las dos armas usadas entonces, que los mercenarios se vieron obligados a abandonar, también resultaron ser compradas por la Policía española en EEUU, y esta pretendió que habían sido robadas de un vehículo policial.

A Concutelli le ocuparon, además de la Marietta, dos agendas con nombres y números de teléfono de agentes españoles. Entre ellos, Ramón Lillo que desempeñó después importantes funciones. Tras ser jefe de seguridad de la Audiencia Nacional, fue destinado al Gabinete de Información (antiterrorista) del Ministerio del Interior.

En 1985, «El País» dio a conocer, primero, los nombres que aparecían en las agendas, y un par de semanas después, un informe elaborado por la Comisaría General de Información sobre otro mercenario italiano, Giuseppe Calzona, que dijo haber tomado parte junto con Lillo en varios de los atentados cometidos en Iparralde en 1976.

Según Calzona, era Lillo quien comandaba el grupo, y tras localizar a Tomás Pérez Revilla Tomasón y José Joaquín Villar Gurruchaga Fangio, «Lillo lo comunica a Madrid, recibiendo la orden de atentar contra Fangio, pero fallan. Lo mismo les ocurre posteriormente con Pérez Revilla, aunque su mujer es gravemente herida».

Efectivamente, en ese atentado, en el que se sabe utilizaron un par de esas famosas Mariettas, la esposa de Tomasón recibió varios balazos, el 21 de marzo de 1976. Era Feli Ziluaga, hermana de Txomin. Dos años después fue Agurtzane Arregi la que pagó con su vida el encontrarse junto a su marido, Juanjo Etxabe, antiguo dirigente de ETA, cuando fueron ametrallados por otro comando mercenario en Hendaia. Y en 1984 los mercenarios de los GAL terminaron por lograr su objetivo de acabar con la vida de Tomasón.

Ramón Lillo no dijo ni pío cuando se publicaron esas informaciones, pero siete meses después se querelló contra «El País», pretendiendo que había atentado contra su honor porque él no conocía de nada a Concutelli. Y eso que en la agenda, junto a su apellido, aparecía su apodo artístico, Ray Nolan, y la dirección y teléfonos de una compañía cinematográfica con la que trabajaba entonces.

Un mes después de presentada la querella, «El País» publicó un muy significativo artículo titulado «Ramón Lillo niega que tenga relación con el italiano que dirigió acciones anti-ETA». Sin duda, fue el pago porque retirara la querella, ya que en ese artículo se pretendía que el Lillo mencionado en el informe de la Comisaría General de Información era Pier Luigi Concutelli y no Ramón Lillo, que nada tenía que ver con aquella historia.

El protagonista del informe, Giuseppe Calzona, dio todos esos detalles en julio de 1984, cuando fue detenido por estar reclamado en Italia por asesinato. Tras proferir claras amenazas de dar detalles comprometedores para el Estado español, amenazas que también recogió el citado informe, no lo extraditaron, sino que fue liberado y nunca más se ha vuelto a saber de él.

No fue el único caso similar, porque la Audiencia Nacional también denegó la extradición de otros cuantos mercenarios ultras italianos reclamados por jueces de su país, argumentando que sus delitos de asesinato eran políticos. Todos los mercenarios estaban ligados a la guerra sucia contra ETA, y así impidió que se pudieran esclarecer no pocas acciones cometidas entonces con esas famosas Mariettas. Entre ellas, la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en la que fueron utilizadas un par de esas armas.

También el Estado francés, que guardó en secreto lo sucedido con aquella Marietta en París, habrá tapado muchas otras cosas relacionadas con el terrorismo de estado. No se ha distinguido, al menos, en ayudar a que sus víctimas conozcan toda la verdad y tengan la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto se merecen. Lo que acaba de suceder con el caso de Jon Anza es otra muestra de ello.

Por eso es tan importante que se cree un mecanismo independiente de averiguación de la verdad que ayude a todas esas víctimas a decir su verdad. Toda su verdad. En nuestras manos está el conseguir que se constituya cuanto antes.