La cultura gastronómica es parte del patrimonio cultural vasco, los restaurantes parte del tejido económico y la hospitalidad un rasgo de nuestra gente. Hasta aquí tiene razón Markel Olano al señalar que, si representantes de organismos internacionales vienen a visitar nuestras instituciones, lo lógico es mostrarles todas esas virtudes (dentro de un orden, eso sí). Sin embargo, no es de eso de lo que se trata el caso del «swap» firmado por Carlos Ormazabal con La Caixa y Banesto en nombre del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), a apenas dos semanas de las elecciones y sin informar además a los órganos competentes.

Como periódico que ha publicado dicha información, resulta un tanto frustrante que lo que más alboroto genere sea un ágape de menos de 3.000 euros -por mucho que sea obsceno, que no tenga sentido que la cuenta la pague el cliente y no el beneficiario, lo que en este caso es aún más grave en tanto en cuanto ese dinero es público-, cuando lo que se ha denunciado es un perdida patrimonial para las arcas guipuzcoanas de casi seis millones de euros, de salida, y unos intereses mensuales de 300.000 euros. Evidentemente, cada cual es libre de indignarse y escandalizarse de lo que quiera, pero parece claro que en este caso las angulas -o las ostras- son solo la punta del iceberg -o del menhir-.

Productos tóxicos, ni gastronomía ni residuos

Para un profano en la alta gastronomía, es difícil saber en qué consiste exactamente un plato de «angulas y codium», un «menhir de ostras» o «huevo con temblor de tierra», aunque todos ellos suenen realmente sugerentes. Pero, en 2011, tres años después de la hecatombe financiera en EEUU que dio pie a la crisis actual, casi todo el mundo había oído ya que los «swap» son una de las clases de productos financieros que desencadenaron la crisis. Sugieren eso y suenan a lo que son: productos financieros «tóxicos», primos hermanos de los bonos y las hipotecas «basura». Aun hoy resulta tremendamente difícil entender cómo funcionan esos productos especulativos, pero las condiciones leoninas que han transcendido del trato firmado por los anteriores responsables de GHK con Banesto y La Caixa muestran que no son algo que una institución pueda firmar a la ligera, menos aún celebrar por todo lo alto. Ni qué decir de invitar no ya a los responsables del Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino a los delegados de los bancos que se han beneficiado del trato y a bufetes de abogados que, se supone, lo han facilitado.

En términos políticos, el «swap» firmado por el gobierno foral del PNV supone una hipoteca inadmisible para el siguiente gobierno, que iba a ser elegido apenas dos semanas más tarde en las urnas. O bien el PNV pensaba que iba a ganar esas elecciones, en cuyo caso lo normal hubiera sido aplazar ese compromiso hasta que se confirmase dicha victoria, o bien pensaba que podía perderlas y decidió condicionar al gobierno entrante. Sea lo uno o lo otro, resulta inaceptable. Lo que realmente hizo al firmar ese acuerdo fue diezmar las arcas públicas en casi seis millones de euros, así, de saque. Ese dinero es de todos los guipuzcoanos y quien lo ha cedido a manos privadas es Carlos Ormazabal, un cargo puesto por el PNV. Esto no tiene vuelta de hoja, se ponga como se ponga el Gipuzko Buru Batzar. Esto no trata de gastronomía, pero tampoco del Puerta a Puerta o de la incineración.

En todo caso, cabe recordar que el crédito concedido por el BEI es para financiar las estructuras para la gestión de residuos, no para la incineradora. Tal y como recordaba Martin Steiner, ingeniero ambiental, en el acrónimo BEI la «I» corresponde a «Inversiones», no a «Incineración». La crisis ha obligado a redimensionar ese plan y, según todos los expertos (incluidos muchos de los que, como Steiner, no están en principio en contra de la incineración), esta infraestructura no es viable en el caso de Gipuzkoa.

¿Por qué, entonces, tal obcecación? Si el PNV, desde el Gobierno de Gasteiz, defiende que no es el momento de las infraestructuras sino el de las personas, ¿por qué sigue apostando en Gipuzkoa por una planta incineradora que, aun dejando de lado las cuestiones ambientales y de salud, es un proyecto con un altísimo coste de construcción y puesta en marcha y un desarrollo casi nulo en recursos humanos? ¿Por qué se apuesta por esta infraestructura si, tras los cambios legales introducidos por el Gobierno del PP, la producción de energía ya no sería rentable? ¿Por qué mientras se plantea que no se pueden reproducir en cada territorio las mismas infraestructuras en este caso se hace una salvedad? Como se puede ver, estas no son preguntas que surjan de los argumentos de EH Bildu o de la izquierda abertzale, sino de las contradicciones manifiestas del PNV.

Centrarse en lo realmente importante

A este paso, una cuestión importante pero colateral como la de la gestión de los residuos se está convirtiendo ya en una cuestión central, no para la mejora de la sociedad, su desarrollo, el medioambiente, la economía, la salud o incluso la legítima pugna partidaria, sino para ver hasta qué punto es capaz la clase política de hacer autocrítica, flexibilizar posturas, llegar a acuerdos y solucionar problemas, no crearlos.

Para eso es indispensable, como mínimo, aparcar la soberbia y cambiar ciertos hábitos.