La denuncia por el caso de Luis Solórzano, un ciudadano ecuatoriano en riesgo de ser desahuciado en el Estado español, ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo hace de la mano del Defensor del Pueblo, que denuncia los «abusos» de la banca.

¿Cuál es el objetivo a la hora de presentar la denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

No somos los primeros, los únicos, ni seremos los últimos. Hemos abierto una línea en un tema específico, que es el derecho a la defensa. Y lo hacemos en base a lo que se conoce como litigio estratégico. Esto significa escoger algunos casos que pueden ser representativos y puedan tener un efecto colectivo. Nuestro principal punto de cuestionamiento es la ley de enjuiciamiento civil. No planteamos que tenga o no razón respecto al pago, sino que no tuvo la posibilidad de defenderse. Con la situación adicional de que, cuando estuvo imposibilitado para pagar su deuda, hizo mucho esfuerzo por hacerlo y solicitó varias veces la dación en pago. Y el banco no lo aceptó. Esto lo obligó a enfrentar un proceso judicial en el que sus razones no eran escuchadas. Además, él dice que en el contrato original hubo cláusulas abusivas.

¿En qué punto se encuentra el proceso judicial?

Tiene que pasar una primera fase que suele tardar seis meses. Creemos que ha sido planteado con mucha seriedad. Por eso esperamos que sea admitido.

¿Qué consecuencias tendría que Estrasburgo aceptase sus planteamientos?

Las resoluciones que dictan los tribunales internacionales son vinculantes. Si llegase a pronunciarse favorablemente a nuestra demanda implicaría, primero, una solución individual para el señor Solórzano. Pero también, que Estrasburgo pueda determinar un cambio normativo en la ley de enjuiciamiento civil y que el juez pueda ponderar las razones que se le exponen. Es conocido el pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo, en nuestra misma línea. Por vías diferentes, puede ser muy importante para animar este proceso de lucha y resistencia que presentan las plataformas.

¿Los ciudadanos han sido estafados por los bancos?

Es muy claro. Existió una presión social para la compra de bienes inmuebles. En el caso de los ecuatorianos, para el acceso a la ciudadanía se exigía la compra de un bien inmueble como uno de los requisitos. Nos cuesta entender que se dé un crédito a una persona para que pague 600 euros mensuales cuando su capacidad es de 700 mensuales. Tampoco entendemos que se diesen créditos a un plazo de 40 años a personas que habían cumplido los 50. Se podrían enumerar muchas situaciones, El Gobierno español ha empezado a aceptar recientemente que hay un problema público. Yo me acerqué en el mes de marzo y el discurso era que existía un problema entre particulares. Entre el banco y los deudores. Cuando son más de 500.000 es un problema público. Pero Madrid no lo quería aceptar. Las plataformas han dejado muy claro: la dación en pago es una alternativa. ¿Por qué no la toman? Entiendo que habrá muchas presiones. Pero es un problema social, de políticas públicas, que tiene que resolver España y sus órganos estatales.

La avaricia de los bancos españoles también llegó a Ecuador

La banca ecuatoriana pretendía comprar las acreencias de la banca española para que las deudas pudiesen ser cobradas en los bienes ecuatorianos. En el lapso de un mes hubo una reforma de la ley para que eso no ocurra. Ahora, los bienes de los ecuatorianos están protegidos. Además, en la propia ley establecimos la dación en pago. Creemos que es justo y, con voluntad política, apenas se estableció en un mes. Cuando existe otra visión, la voluntad política puede hacerlo.

¿Cree que Ecuador puede sufrir represalias o tener problemas con el Gobierno español?

Esperemos que no ocurra. Hemos planteado la demanda en los términos más positivos posibles, más constructivos. No creemos que sea una afrenta, sino la posibilidad de abrir un tema a discusión y encontrar una solución. Eso sería lo pertinente, lo más justo y lo más beneficioso.

Resulta paradójico que, mientras el Gobierno español no protege a los desahuciados, tiene que ser la institución de otro Estado la que ejercer esa labor

Los gobiernos tienen la obligación de enfocar algunos bienes que tradicionalmente han pertenecido al ámbito de las mercancías dentro del ámbito de los derechos. Hemos dado un paso muy grande cuando hablamos de la educación, de la salud, de la vivienda, como derecho. Y ahí queremos llamar la atención. El de España, como cualquier otro Ejecutivo, tiene que involucrarse mediante políticas públicas. Hay un derecho en juego.