La propuesta presentada por diputados de Amaiur, ERC y BNG la pasada semana para que en el Congreso se debatiera sobre el derecho de autodeterminación con luz y taquígrafos se ha topado con la posición más intransigente del PP. Sus representantes en la Mesa se opusieron ayer a admitir a trámite la proposición de ley que la semana pasada registraron las tres fuerzas y en la que reclamaban que el derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galicia sea asumido.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los representantes del PP alegaron que la citada iniciativa, que sí fue apoyada por el PSOE y por CiU, escondía una reforma constitucional y que, por tanto, no se podía calificar.

Sin embargo, tanto el PSOE como CiU le recordaron que el órgano de dirección de la Cámara en ningún caso puede fijar posición sobre la constitucionalidad o no de una propuesta, puesto que esa es una función que corresponde al Tribunal Constitucional, como así se encargó de dejar claro el máximo intérprete de la Carta Magna en una sentencia.

ERC, Amaiur y BNG, firmantes de esta proposición de ley conjunta, habían presentado el pasado jueves esta iniciativa, con la que instaban a regular el derecho de autodeterminación de sus pueblos, apelando para ello a las normativas internacionales firmadas por el Estado español.

Conscientes de que el texto debía pasar primero por el filtro de la Mesa del Congreso y luego por el Pleno, los independentistas catalanes y vascos y los nacionalistas gallegos llegaron a situar la citada propuesta como «la prueba del algodón de la democracia».

En la presentación de la iniciativa en el Congreso, afirmaron que no entenderían que se «pusiera pegas» al debate sobre esta cuestión en la Cámara, tras destacarla como «plenamente democrática, pacífica, cívica y legal», en palabras del portavoz de ERC en la Cámara Baja, Alfred Bosch.

Los portavoces de Amaiur y del BNG, Xabier Mikel Errekondo y Olaia Fernández Davila, respectivamente, apuntaron que sería «bochornoso» que así fuera porque se demostraría «la falta de democracia» que existe en el Estado español. Sin embargo, el PP ha optado por la vía más directa: impedir el inicio de la tramitación.