La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, reconoció ayer que su departamento no es ajeno «a la grave situación que vive nuestra tierra». Una precaria situación económica que, tal como señaló, le obligará a aprovechar los recursos financieros existentes y a fijar prioridades de cara a los próximos cuatro años.

Oregi, que pronunció estas palabras ante la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento de Gasteiz, anunció que el Ejecutivo autonómico apoyará aquellos proyectos que cuenten con las «suficientes garantías» en la protección del medio ambiente.

No obstante, esta declaración de intenciones, que pasa por suspender la construcción del Metro de Donostialdea y buscar la complementación de los puertos de Pasaia y Bilbo, quedó en entredicho cuando se abordó otro proyecto con un gran impacto ambiental: el tren de alta velocidad.

A este respecto, la consejera recordó que la puesta en marcha de es infraestructura constituye «un gran proyecto de país que el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante». Este mensaje contrasta con la posición advertida por las autoridades españolas y francesas, que no estar dispuestos a acelerar la construcción del denominado «Corredor Atlántico». «Nosotros seguimos adelante y urgimos a que Madrid y París finalicen sus tramos», añadió Oregi.

En cuanto a plazos y fechas, la titular de Medio Ambiente avanzó que, siempre que el Gobierno de Rajoy cumpla lo acordado, el TAV será una realidad en el año 2018. No obstante, esta fecha puede demorarse, ya que todavía no se ha concretado cómo se ejecutará la integración del tren en las capitales.

Tras hablar de las infraestructuras prevista en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Oregi se refirió a la estrategia territorial propuesta por su departamento y confirmó que el Ejecutivo jeltzale realizará una revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), tal como aprobó el pasado jueves el Pleno del Parlamento autonómico.

Oregi defendió una estrategia que priorice el papel de las ciudades frente a las comarcas. Oskar Matute (EH Bildu) criticó esta posición y acusó al Gobierno de Urkullu de hacer «maoísmo a la inversa». «Parece que quieren despoblar el campo para llenar las ciudades», señaló el parlamentario.

Moción en Madrid

Al citar las amenazas medioambientales que afectan a la CAV, la consejera reiteró su posición ante el uso de la fractura hidráulica en la extracción del gas no convencional: «Nuestra postura es de alerta y seguimiento, porque la técnica no ofrece las garantías para explotar el recurso».

Cabe señalar que hoy los diputados del PP, UPyD y PNV sumarán sus votos en el Congreso español para rechazar una moción presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que aboga por la prohibición de fracking en el Estado español. Por su parte, el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, reclamó que se aplique el principio de cautela y precaución porque «si no, puede que luego sea demasiado tarde».