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La ONU denuncia las torturas a un migrante y Madrid responde que se «autolesionó
El Gobierno español vuelve a aferrarse a las «autolesiones» ante una nueva denuncia por torturas. En este caso, es la ONU quien alerta sobre el trato recibido por Adnan El Hadj, migrante sin papeles, en el centro de Aluche. Amaiur exige el cierre de los CIE.
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Alberto PRADILLA
Madrid vuelve a recurrir a la teoría de las «autolesiones» para eludir denuncias por malos tratos ocurridos en sus centros de detención. En este caso, el Gobierno español esgrime los autogolpes para rebatir a la ONU, que en un informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de su Consejo de Derechos Humanos certificaba que Adnam El Hadj, migrante sin papeles de origen marroquí, fue objeto de «vejaciones, malos tratos y torturas, con insultos de un fuerte contenido racista con frases como `vienes a España a comer gratis' o `que te den comida en tu país, moro de m. (sic)'». Pese a la denuncia explícita de Naciones Unidas, el Ejecutivo español, se limita a repetir la tesis de las «autolesiones». Lo hace en una respuesta por escrito remitida a Amaiur. El caso está ahora mismo en manos de la Justicia. Aunque parece poco probable que la investigación llegue a concluirse, ya que Hadj fue expulsado el mismo día en el que denunció la agresión.
«El 7 de mayo de 2012, se produce un ataque verbal, provocativo y amenazante por parte del referido interno hacia cuatro funcionarios policiales, que no pueden evitar que este se autolesione, motivo por el cual se le traslada inmediatamente al servicio médico del citado centro». Esta es la versión del Gobierno español, que añade que «ese mismo día», esta persona «provocó un nuevo altercado» por lo que volvió a ser enviado a un centro hospitalario. El relato de las autoridades españolas concluye que, después de tomarle declaración, procedió con la expulsión. Un proceso que, según la ONU, «se habría adelantado para el mismo 8 de mayo, en razón del escándalo producido en el recinto y por las observaciones humanitarias que tuvieron conocimiento de los hechos».
El Gobierno ni siquiera da su versión
El relato del Gobierno español contradice tanto la versión de Hadj, que se recoge en la denuncia de la ONU como la de Cristina Manzaneda, la abogada que se hizo cargo del caso. Según el texto del organismo internacional, a quien Madrid ni siquiera contestó, el migrante fue arrestado el 7 de mayo de 2012 pese a que había solicitado asilo y que no existía ninguna orden de detención contra él. Al día siguiente, tras recriminar su actitud a unos agentes que procedían a expulsar a un compatriota, fue esposado y golpeado bajo unas escaleras. Un punto donde, casualmente, no llegan las cámaras de seguridad. «A tal extremo llegaron los vejámenes, que el resto de los internos se negaron a desayunar como protesta», afirma la ONU.
La abogada Cristina Manzanedo, que acompañó a Hadj, añade que ella pudo ver las marcas y que «no parecían autolesiones». Además, remarca que la celeridad con la que los funcionarios procedieron a expulsar al migrante impidió que su testimonio pudiese recogerse con garantías. «En estos casos hay que paralizar el proceso para poder reunir cuantas más evidencias», indica. Todo lo contrario de lo que ocurrió y que no constituye una excepción. «Muchos casos de presuntas lesiones terminan cerrándose, no porque se determine que la versión policial es la correcta, sino porque no se puede determinar qué es lo que ocurrió realmente», afirma, defendiendo la necesidad de establecer controles judiciales que arrojen luz.
Con la presunta víctima ya en Marruecos, parece difícil que esto ocurra. En sus conclusiones, la ONU aboga por una «reparación proporcional del mal causado». Además, ha remitido el informe a los relatores especiales sobre torturas y derechos de los migrantes. «Nos encontramos ante una nueva denuncia por malos tratos y torturas al Estado español y este echa balones fuera», denuncia el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, quien censura que el Gobierno «oculta información» sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Iñarritu insta a aclarar lo ocurrido, exige el cierre inmediato de estos centros de internamiento, así como a dar pasos para «erradicar la tortura». Unas demandas que se encuentran con la cerrazón de Madrid. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo niega la mayor parece difícil pensar que hará caso a recomendaciones que le llueven desde distintas instancias internacionales.