Distintas plataformas de pensionistas realizaron ayer por la mañana concentraciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para pedir a sus instituciones, especialmente al Gobierno de Iñigo Urkullu, -ya que el de Barcina ya lo ha fijado en su territorio- que no apliquen, que sean «insumisos» al repago farmaceútico que pretende aplicar el Gobierno Español.

En Bilbo, Pentsionistak Martxan explicó a los concentrados que, con la nueva normativa, cualquier persona que gane al menos 18.000 euros anuales tendrá que pagar el 10% de las medicinas, hasta un máximo de 8 euros, pudiendo llegar a ser 18 euros si los ingresos superan esa cifra anual. Los organizadores denunciaron que esta medida supone «un repago, porque estamos pagando dos veces por el mismo producto: con nuestros impuestos y con nuestro dinero».

Los recortes sanitarios no se quedan ahí. Los pensionistas deberán abonar ahora el 100% de 417 fármacos que antes estaban cubiertos. Además, la nueva ley obliga a pagar por el uso de ambulancias para algunos desplazamientos.

La plataforma considera que estas medidas «son un ataque contra la salud. Está demostrado por el personal sanitario: el repago hace que los pensionistas dejen de hacer uso de los servicios sanitarios, siendo las que más lo necesitan».

La plataforma defiende, además, que reducir gastos con el repago puede suponer cierto ahorro a corto plazo, pero «al dejar de tomar medicinas que, en gran parte, tienen la función de prevenir la aparición de enfermedades, a la larga la medida supone mayores costes de hospitalización y tratamientos».

Emplazan a Gasteiz e Iruñea

Ante esta situación, los pensionistas criticaron que los Gobiernos de Urkullu y Barcina actúen como correa de transmisión, aplicando todos los recortes que vienen de Madrid.

Las críticas no se quedaron ahí. Pentsionistak Martxan denunció que las propias instituciones «están reduciendo el presupuesto de sanidad, eliminando urgencias, cerrando plazas de cama y servicios, derivando casos a la privada, reduciendo las plantillas en ambulatorios y hospitales, aumentando las listas de espera, y en general, deteriorando la sanidad pública».