Con fecha 22 de enero, el Gobierno y el Banco Central de Japón firmaron un acuerdo que formaliza un giro radical en las políticas monetaria y presupuestaria. El Banco de Japón inicia una política monetaria más expansiva, estableciendo el objetivo de estabilidad de precios en el 2%.

Todo parece indicar que el objetivo político fundamental de esta política expansiva es conseguir efectos positivos a corto plazo en la dinamización de la economía a través del sistema bancario y de la desvalorización del yen y consiguiente mejora de la balanza comercial. Es este último aspecto el que ha desatado las alarmas en otros países exportadores y los temores de una guerra comercial entre los grandes bloques occidentales.

Pero hay un aspecto de esta política monetaria que tiene un particular interés como opción de política económica: la decisión de que el Banco de Japón inicie, entre otras operaciones, una agresiva adquisición de deuda pública. Esta política, ya iniciada por la Reserva Federal USA y de forma indirecta por el BCE, tiene aspectos positivos y negativos.

Numerosos expertos apuntan a lo que se denomina «monetización de la deuda pública» como el punto de inflexión de las políticas de expansión monetaria, punto que inicia un alarmante camino hacia la elevada inflación o hiperinflación.

No obstante, un aspecto que con frecuencia se olvida es el directo impacto positivo que tienen sobre los presupuestos públicos. Se trata de financiar los déficits públicos a través de la expansión monetaria en lugar de hacerlo a través de la emisión de deuda pública. Si tenemos en cuenta el coste que el servicio de la deuda está suponiendo al conjunto de Occidente -y, muy en particular, a los países periféricos europeos- nos podemos hacer una idea de lo que esto puede suponer. Nos estamos refiriendo a cerca de un 4% del PIB en el conjunto de la UE, un 6% en Portugal o un 8% en Irlanda o Grecia.

En principio, hay dos instrumentos mediante los cuales es posible hacer frente al servicio de la deuda sin coste directo para el Gobierno: incrementar la recaudación de impuestos o monetarizar la deuda. Es por eso sorprendente que en el reciente informe elaborado al respecto por el Congreso USA ni siquiera se mencione la monetización entre las posibles opciones para hacer frente a la deuda excesiva.

Algunas resistencias a la monetización de la deuda son viscerales, especialmente en Alemania, en buena parte como consecuencia de la negativa experiencia histórica de los años 30, en la que el intento de hacer un uso masivo de la monetización para financiar las reparaciones de guerra generó una dinámica imparable de hiperinflación y de práctico hundimiento de la economía. Es evidente que la monetización de la deuda tiene riesgos importantes. Pero no tiene sentido prescindir de este instrumento.

El riesgo fundamental de la monetización de la deuda pública radica precisamente en sus ventajas. Básicamente, en la posibilidad de hacer uso de este instrumento sin coste. A través de los intereses de la deuda, los estados occidentales están destinando a retribuir al sector financiero cantidades ingentes de sus recursos, cuando ello podría evitarse financiando los déficits a través de la expansión monetaria.

Esto no significa que la emisión de moneda permita disponer de recursos extra caídos del cielo. Esta emisión diluye el valor de la moneda y, por lo tanto, es financiada por el conjunto de la economía. La gran ventaja es que, como pasa con los impuestos, no obliga al Estado a soportar la carga de intereses que implica la emisión de deuda.

Además, al ser el efecto sobre los ciudadanos mucho más indirecto, el coste político de la emisión de moneda no suele ser inmediato. Esto significa que, una vez que este instrumento empieza a usarse, las tentaciones de incurrir en una utilización creciente de la emisión de moneda son muy grandes.

Además, en la UE se añaden problemas institucionales. El principal, el hecho de que la emisión de moneda esté situada en un ámbito territorial -la eurozona- distinto del ámbito estatal en el que se gestionan las políticas presupuestarias y fiscales. Esto genera un peligro de que, en caso de poner en marcha este tipo de mecanismos, los Estados no renuncien a resolver los problemas por sí mismos para volcarse en el objetivo político básico de una detracción de recursos del BCE a costa de los restantes estados.

No obstante, esto no justifican la renuncia al uso de la emisión monetaria como instrumento para el desarrollo económico. Significa que este uso debe ser prudente.

Los recursos generados a través de la monetización de la deuda no deben destinarse a resolver problemas de ineficiencia de gestión en las políticas presupuestarias -ni, por supuesto, al rescate bancario-, sino a inversiones de carácter estratégico: créditos para inversiones de pymes, inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, infraestructuras, etc.

A la vez, creemos muy importante que no sean los bancos centrales los que determinen el destino específico de los recursos generados a través de la expansión monetaria. En nuestra opinión, los bancos centrales deberían limitarse a establecer las cuantías de esta expansión.

Éstas son las razones que llevaron a Ekai Center a proponer, en su momento, sustituir las nuevas emisiones de préstamos del BCE hacia el sistema bancario por una financiación directa del Banco Europeo de Inversiones, que permitiera apalancar los recursos de este Banco para destinarlos a finalidades de desarrollo productivo.

Como sucede con casi todos los instrumentos macroeconómicos, no se trata solo de valorar en abstracto el propio instrumento. Es necesario tener en cuenta cómo se gestiona y, por supuesto, a qué colectivos o sectores se está beneficiando o perjudicando. Si la expansión monetaria se destina simplemente a rescates sucesivos del sistema financiero, no solo el riesgo de inflación crece, sino que sus efectos positivos sobre la economía son muy reducidos.

En este contexto, son probablemente los problemas institucionales de la UE los que están impidiendo que hagamos un correcto uso de los distintos instrumentos económicos y, en particular, de las indudables ventajas de la expansión monetaria convertida en crédito público para el desarrollo económico. En particular, la incapacidad de nuestra clase política de gestionar los instrumentos existentes a favor del interés general y no de intereses particulares del sector bancario.