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Último episodio de una terrible injusticia
Dos años y medio después del brutal asalto al campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, el mayor acto de resistencia no violenta desde la ocupación marroquí de 1975, Marruecos ha condenado a cadenas perpetuas y largas penas a 24 activistas. Gdeim Izik congregó a miles de saharauis dando testimonio del dinamismo de un pueblo y consiguió, en cierta medida, internacionalizar su causa. Para algunos fue el comienzo de la llamada Primavera Árabe, pero en medio de la indiferencia de la prensa global y del silencio de la comunidad internacional, Marruecos la aplastó. Cuatro civiles saharauies fueron muertos y otros veintidós han permanecido en prisión, sin cargos concretos, denunciando terribles torturas, a la espera de un juicio militar que, finalmente, los ha condenado con saña, con ánimo de escarmiento para cualquiera que ose desafiar la opresión marroquí y su impunidad.
Los mismos militares que invadieron a sangre y fuego el territorio de un pueblo milenario que vagó libre como el viento del desierto y lo obligó a vivir como refugiados en infrahumanos campamentos ha condenado a los jóvenes saharauis por «pertenencia a banda criminal» y «violencia contra agentes con resultado de muerte». No se han investigado las torturas, no se han presentado pruebas, ha sido una parodia que no cabe presentar como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia. Ha sido, en definitiva, un juicio político escenificado delante de un tribunal militar, cometido por un poder colonial y despótico. El último episodio, en definitiva, de la terrible injusticia que pretende perpetuarse sobre el pueblo saharaui.
La decencia lleva tiempo en suspenso en el caso del Sáhara Occidental, demostrando que la diplomacia sigue siendo un negocio moralmente corrupto en el que priman más la explotación pesquera y las vastas minas de fosfato que el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y nacionales de los saharauis. Frente a la implícita complicidad de la ONU y el apagón informativo impuesto, el activismo transnacional y la solidaridad con la causa saharaui cobran más sentido que nunca.