Los recortes de Munilla acaban con laicos «incómodos»
La crisis ha llegado a la diócesis de Donostia, donde en 2012 se registraron 1,4 millones de euros de déficit, lo que ha obligado a reducir gastos. Ha sido una excusa «perfecta», desvelan miembros de la Iglesia guipuzcoana, para que el obispo despida a laicos «que le resultan incómodos». Mientras, continúa la llegada de sacerdotes neoconservadores con el hito del «patinazo» de las 19 monjas atraídas por José Ignacio Munilla a Bergara cuya orden ha suprimido Roma.
Agustín GOIKOETXEA | DONOSTIA
José Ignacio Munilla fue, por una vez, el último obispo vasco en pronunciarse sobre la renuncia de Benedicto XVI. El más mediático de los prelados trata de salvarse de sus particulares tribulaciones y esperó hasta ayer para hacer pública su reflexión, en la que ensalza a Joseph Ratzinger como «infatigable buscador de la unidad». Una «unidad» que poco tiene que ver con la de su diócesis, que observa con estupor los cambios y la línea doctrinal que desea que prevalezca, aunque sea ajena a la realidad del herrialde y aleje a nuevos fieles y vocaciones.
Poco a poco, Munilla y su equipo van tejiendo el modelo de Iglesia que desean instaurar en Gipuzkoa, conscientes de que el envejecimiento del clero está de su parte. Han comenzado los relevos en algunas parroquias, contando con curas traídos del Seminario de Iruñea, y se aguarda la llegada de polacos y mexicanos «a cuentagotas».
«Va poco a poco para que no se note», advierten fuentes diocesanas, que no se olvidan de citar el «patinazo» del prelado y su homólogo cordobés, Demetrio Fernández González, con las Hermanas de San Juan y Santo Domingo. El 29 de junio de 2012 recibieron el plácet episcopal en Córdoba, donde Munilla estuvo en verano impartiendo unas conferencias y las conoció. Invitó a esa congregación a ocupar el convento de las clarisas de Bergara, y 19 monjas, con una edad media de 25 años, pasaron a ser las habitantes del convento de la calle Goenkale, donde las monjazarrak llevaban 500 años.
Reportajes en distintos medios de comunicación destacaron la llegada de las religiosas a Bergara para regocijo del obispo, hasta que el 10 de enero el secretario de Estado vaticano, el poderoso Tarcisio Bertone, rubricó un decreto en el que prohibió la asociación pública de fieles que constituían esas monjas por «una grave lesión de la disciplina eclesiástica».
Las 19 jóvenes, que no habían realizado sus votos perpetuos, han recibido un permiso de Munilla para que «de forma temporal» sigan residiendo en el monasterio de las clarisas, aunque no sean monjas. En la actual coyuntura en Roma, el prelado donostiarra trata de hacer el menor ruido posible sobre el tema para «aguantar el chaparrón», por las consecuencias que pueda tener en su carrera episcopal.
Pero esas ya exmonjas no son más que una anécdota. Dicen algunos veteranos de la Iglesia guipuzcoana que «nunca» se había visto a tanto obispo y cardenal en la diócesis, lo que achacan a la pretensión de José Ignacio Munilla de «reforzar una cierta autoridad moral». Esas visitas no benefician tampoco a unas arcas en números rojos, con 1,4 millones de euros de déficit en 2012.
«Excusa perfecta»
Con esa «excusa perfecta», denuncian, se está prescindiendo de laicos contratados que le son «incómodos» al prelado y que fueron personal de confianza de sus antecesores. Citan, por ejemplo, lo sucedido en el Centro de Orientación Familiar o Pastoral Juvenil, donde son sustituidos por personal afín. Mientras se suman recortes, y se aguardan nombramientos «claves» en algunas localidades, el obispo ha nombrado delegado episcopal de Enseñanza a su hermano Esteban, lo que le obligó a abandonar la dirección de Radio María España. El nombramiento no es baladí, sabiendo de la importancia de la materia y el perfil conservador español del otro Munilla Agirre.
Para afianzar su control en las parroquias de la capital, además le designó párroco en Martutene y Loiola, a quien acompaña como coadjutor Iñigo Mitxelena, que ocupa también la responsabilidad de Pastoral Juvenil. Los hermanos Munilla Agirre fueron los promotores en 1989 del Movimiento Loiola, un colectivo juvenil ultracatólico al margen de la diócesis bajo el episcopado de José María Setién y Juan María Uriarte.
El afectado, desvelan, ha sido el anterior responsable de la parroquia de Inmaculada Concepción, José Ramon Treviño, a quien en octubre pasado se cesó también como delegado de Cáritas. Este cura, muy respetado en la comunidad católica de Gipuzkoa, ha sido enviado a Iztieta, en Errenteria.
«Munilla quiere que el clero guipuzcoano sea sujeto de una nueva evangelización, ya que la anterior ha de ser corregida porque no lleva más que a nacionalismos radicalizados. Se refiere al vasco, no al español, con el que él no se quiso contaminar o ensuciar. A Munilla le toca limpiar esta Iglesia cercana al Concilio Vaticano II», manifiesta un sacerdote que, como otras fuentes consultadas, evita identificarse por el temor a futuras represalias.
Es un ejemplo del clima que se vive en la diócesis, donde cada vez más personas -sean sacerdotes, religiosas o laicos- se sienten «ninguneados», ya que los «nuevos aires» que insufla José Ignacio Munilla -con su vicario general, Joseba González Zugasti- huyen de compromisos anteriores de la Iglesia guipuzcoana con «compromisos sociales, culturales o de otro tipo que tras el Concilio se habían dignificado, a los que tachan de ideologizados, como si los suyos no lo tuvieran y son ajenos a este pueblo».
Los críticos no acaban de articular un movimiento que cuestione el episcopado de José Ignacio Munilla en Gipuzkoa.
Las cuentas de la diócesis de Donostia registraron en 2012 números rojos. Con unas pérdidas de 1,4 millones de euros, sus responsables han aprovechado para rescindir contratos a personal que no es de su confianza.
Los desencuentros entre la comunidad diocesana de Bizkaia y el obispo Mario Iceta continúan, reproduciéndose en el Consejo Pastoral celebrado el 9 de febrero, donde alguno de los vocales le interpeló acerca del valor que iba a dar a las aportaciones «tan trabajosas» de sus miembros. Ante la insistencia, el prelado respondió, acogiéndose a la literalidad del Código de Derecho Canónico, que ese órgano que reúne a una representación cualificada de la Iglesia vizcaina «es meramente consultivo y así lo voy a considerar yo en mis decisiones. Eso no significa que sus aportaciones vayan a ir directamente a la papelera -añadió-. Yo las tendré en cuenta».
A los interpelantes no les convence la respuesta del obispo, ya que desde su propia elección como auxiliar y luego como titular no se escucharon los consejos de la diócesis ni la curia. En un artículo rubricado por Sebastián García Trujillo, componente del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, se califica esa forma de entender la influencia de esos órganos de la Iglesia vizcaina como «despotismo. Y dentro de la gama de despotismos posibles, está más próximo al despotismo absoluto».
Este referente de la comunidad diocesana, denostado por los sectores neoconservadores, recuerda que en la década de los 80 se planteó el «estatus» de los diferentes órganos de reflexión. Entonces las normas vigentes establecían, como sucede ahora, el carácter meramente consultivo de los consejos, pero rememora que los obispos desde Antonio Añoveros (1971-1979) habían asumido el compromiso «explícito» de que fueran deliberativos. Incluso con los cambios introducidos en el Derecho Canónico, «no hubo problema alguno ni teórico, ni práctico, y sí un enriquecimiento mutuo de las aportaciones e implicaciones de todos los partícipes en los respectivos consejos diocesanos», apunta.
Esa práctica se mantuvo vigente hasta que llegó Ricardo Blázquez, en 1995, que optó por la interpretación literal, lo que le llevó a cosechar críticas desde los sectores de la Iglesia católica de Bizkaia que escapan de un férreo control por parte del prelado. Ahora, de nuevo, se repite la historia y los choques con Mario Iceta vuelven a sucederse cuando se tocan aspectos en los que la visión del obispo y de buena parte de la comunidad diocesana -algunos de ellos, miembros significativos- colisionan. A.G.
