El lehendakari Iñigo Urkullu mantuvo ayer sendas reuniones con el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, y con el de Caja Laboral-Ipar Kutxa, Txomin García. Al término del encuentro, Fernández expresó su deseo de que el Congreso de los Diputados sea capaz de alcanzar un acuerdo «razonable» sobre la legislación hipotecaria bajo dos premisas: atender a las personas que no pueden pagar su hipoteca y evitar que la nueva ley se convierta en «una invitación a no pagar».

En el caso de la entidad que preside, aseguró que en el 92,7% de los impagos hipotecarios Kutxabank alcanza un acuerdo con los afectados para evitar el lanzamiento de la vivienda.

A preguntas de los periodistas, Mario Fernández también se refirió a productos bancarios «tóxicos» como las participaciones preferentes. A este respecto, dijo que ninguna de las tres cajas vascas integradas en Kutxabank ha emitido nunca este tipo de participaciones y que, por tanto, es un asunto que no les afecta «en absoluto». Añadió que cuando BBK adquirió Cajasur sí «heredó» participaciones preferentes, pero aclaró que la caja vizcaina las canjeó por un depósito.

En cuanto a la Obra Social, el presidente de Kutxabank afirmó que la entidad continuará con esta labor y reiteró el compromiso fijado en el contrato de integración de las tres cajas de dedicar al menos el 30% de los dividendos a ese fin.

No obstante, achacó a las autoridades internacionales las dificultades para proseguir con esta labor, al señalar que «en otros ámbitos, como la Troika (integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea), la Obra Social les preocupa lo mismo que un accidente de bici en Moscú».

Urkullu prosigue hoy la ronda de contactos con el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, y la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, quien le requerirá que centre su acción en dos aspectos: un cambio social para hacer frente a la situación económica de emergencia y la defensa del derecho a decidir.

En este sentido, Etxaide le recordará que existe una mayoría parlamentaria que apoya este derecho, lo que «da una gran oportunidad para defender un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social» para desarrollar un modelo económico propio.