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La acusación mantiene la petición de cárcel a los jóvenes de Burlata
Fiscalía y Abogado del Estado mantienen las peticiones de dos años y medio de cárcel para Aitor Torrea y otros seis para Iñaki Torrea, jóvenes de Burlata que han sido juzgados desde el lunes en la Audiencia Nacional española. La defensa insta a su libre absolución y recuerda que la única base para mantener las imputaciones son declaraciones obtenidas durante el período de incomunicación. Tras la redada, los jóvenes denunciaron haber sufrido torturas.
Alberto PRADILLA | MADRID
La acusación mantiene las peticiones de cárcel contra Aitor Torrea e Iñaki Torrea, jóvenes de Burlata cuyo juicio concluyó ayer en la Audiencia Nacional española. Así lo anunciaron ayer la fiscal y el Abogado del Estado, que solicitan dos años y medio de prisión para el primero y seis años para el segundo. El Ministerio Público vincula a ambos con diversos sabotajes ocurridos en Nafarroa entre 2004 y 2007. Sin embargo, las imputaciones se basan únicamente en declaraciones obtenidas durante la detención incomunicada, donde denunciaron torturas tanto Aitor Torrea como el otro imputado en cuyo testimonio se apoya la acusación contra Iñaki Torrea. En sus conclusiones, la defensa consideró que no se han presentado pruebas más allá de las citadas inculpaciones, por lo que instó a la sala a absolver a los dos jóvenes.
La vista finalizó ayer con la declaración de testigos y policías, así como la exposición de conclusiones por ambas partes. En su declaración, uno de los policías españoles, que intervino a través de videoconferencia, insistió en la tesis de que los arrestados prestaron su declaración de forma «libre y espontánea». De esta forma trataba de contradecir las denuncias de torturas presentadas tras la operación policial. En su intento de eludir las acusaciones de malos tratos, el agente llegó a afirmar que los testimonios de dos de los arrestados en aquella redada (se produjeron cuatro detenciones) se tomaron sin coacciones y que él había estado presente. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil por lo que resulta imposible que el policía hubiese participado en la toma de declaración, como posteriormente tuvo que aclarar.
Testigos exculpatorios
Sobre este punto, tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado trataron de sembrar dudas, recordando que las denuncias por torturas están todavía en sede judicial (una en investigación y otra recurrida, tras haber sido archivada). Además, quisieron restar credibilidad a los testigos aportados por la defensa, que certificaron, por ejemplo, que Iñaki Torrea se encontraba en una cena cuando se produjo uno de los sabotajes que se le imputan. Incluso llegaron a apuntar a que la fecha de las fotografías de aquella celebración podía «manipularse». «No se puede insinuar una falsedad documental sin pruebas», contradijo una de las abogadas, que remarcó que ni siquiera se han practicado pruebas que corroboren los testimonios durante la incomuniación.
«Al margen de las declaraciones no existe ningún elemento» para vincular a los dos jóvenes con las acciones que se les imputan. Esta fue la tesis esgrimida por la defensa, que insistió en que ni las autoinculpaciones de Aitor Torrea ni el testimonio que señala a Iñaki Torrea han sido corroboradas. Además, llamó la atención sobre el hecho de que el escrito de acusación da credibilidad a algunos de los puntos aparecidos en estas declaraciones y no a otros, que luego no se reflejan en el procedimiento.
Tal y como ocurrió el lunes, decenas de personas,entre las que se encontraba la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, se solidarizaron con los jóvenes en dos concentraciones. La primera, celebrada por la mañana frente a la delegación del Gobierno español de Iruñea y la segunda en Burlata.