El Parlamento de Iruñea celebró ayer un pleno monográfico sobre el empleo en el que fueron aprobadas diversas iniciativas en torno a esta materia. Sin embargo, lo que debatieron los grupos pasó pronto a un segundo plano ante las movilizaciones y protestas que se produjeron tanto fuera como dentro de la Cámara. Convocados por diversos organismos sociales, cientos de personas expresaron una más que profunda desconfianza sobre el alcance real de lo acordado, cuya implementación corresponde al Gobierno de UPN, y criticaron la política económica que ha conducido a Nafarroa a alcanzar índices de paro históricos. De hecho, según los datos difundidos por Gaindegia, las comarcas que más fuertemente han sufrido el embate del desempleo en los últimos meses son navarras, así como la mayoría de las zonas con tasas superiores a la media de Euskal Herria.

Con estos precedentes, se entiende que un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas quisiera expresar su enfado de la forma más estruendosa posible, y que lo hicieran precisamente ayer y en sede parlamentaria. Para muchos navarros, quienes rigen las instituciones del herrialde son los principales responsables de una situación que está ahogando a miles de familias, y el rechazo social al Gabinete de Yolanda Barcina está cada vez más extendido. Quizá por ello, por su impotencia ante una oposición creciente y en un baldío intento de aplacar el eco de las protestas, el Ejecutivo decidió que la Policía Foral cargara contra los manifestantes, que estaban pertrechados con silbatos, cacerolas y bocinas.

Demandaban «trabajo para todos» y les respondieron con cargas. Es posible y hasta lógico que a los gobernantes navarros no les guste ser abroncados, pero los trabajadores y trabajadoras que protestan merecen como mínimo ser escuchados con respeto. Son quienes están pagando las consecuencias de una gestión nefasta por parte de las instituciones, y lo que necesitan, urgentemente, son soluciones, no pelotazos.