El Parlamento de Gasteiz reclamó ayer al Ejecutivo autonómico la paralización del Metro de Donostialdea a su paso por el centro de la capital guipuzcoana. En concreto, los grupos parlamentarios de PNV y EH Bildu sumaron sus votos en el pleno de la Cámara legislativa para aprobar una enmienda transaccional en la que muestran su rechazo a la construcción de los tramos soterrados de Lugaritz-La Concha y La Concha-Morlans.

En opinión de las citadas formaciones, la pasante soterrada de Donostia «no es la solución más adecuada para dar una respuesta sostenible a las necesidades reales de movilidad. Por eso, instamos a la resolución de las obras y contratos adjudicados que no cuenten con los permisos y autorizaciones previos, ni estén conveniados con las administraciones locales y la Diputación de Gipuzkoa».

Además, en el texto, la formación jeltzale y la coalición soberanista piden la paralización de aquellas obras vinculadas al Metro que no cuentan con la financiación requerida para su «ejecución integral» y apuestan por priorizar la mejora de la red ferroviaria existente en zona este de Gipuzkoa realizando obras de desdoblamiento de la línea, nuevas estaciones y adecuando la accesibilidad de las infraestructuras existentes.

Según explican, todas estas obras tienen por objeto «dar una respuesta sostenible a las necesidades de movilidad con un servicio de transporte público, de calidad e intermodal». En alusión al desarrollo de dichas mejoras, los grupos solicitan a Lakua que tenga en cuenta a las instituciones competentes en materia de transporte, coordinando la planificación y ordenación del mismo de cara al estudio de la alternativa ferroviaria «más adecuada en Donostia».

Esta batería de medidas, que fue respaldada por 47 parlamentarios, despertó el malestar del PSE y PP, que trataron de defender la viabilidad de la pasante donostiarra, una «estructura esencial» en opinión de estos dos partidos.

Con la intención de mantener el diseño elaborado por el Gobierno de Patxi López, ambas formaciones presentaron un texto alternativo a la enmienda transaccional.

Una iniciativa conjunta en la que pedían la continuidad de las actuaciones comprometidas para la mejora de la red ferroviaria en Donostialdea, y apoyaban la creación de un grupo de trabajo para analizar «la optimización de la oferta pública de transporte de todos los operadores que actualmente prestan servicio en la zona» oriental del herrialde.

Un tenso debate

A la votación de las enmiendas le precedió un tenso debate. Una larga discusión iniciada por Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu), que tildó de «chapuza» el proyecto socialista. «Las ganas del PSE por poner en marcha el Metro antes de que acabará la legislatura no son lícitas, ni justas. Y viendo cómo se han hecho las cosas me atrevería a decir que ni si quiera han sido legales», criticó.

Desde el PNV, Maribel Bakero acusó al exconsejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, de haber hipotecado al nuevo Ejecutivo con una obra que «no puede pagar». «Faltan más de 80 millones de euros, sin contar IVA, para que la pasante soterrada no sea un túnel sin más. El Gobierno del señor López no tenía crédito suficiente para su financiación y tampoco tenía acuerdo», señaló.

El propio Arriola se encargó de representar al grupo del PSE. Durante su intervención, el líder de los socialistas guipuzcoanos negó que el metro de Donostialdea sea «una chapuza o un capricho», e insistió en que la pasante es «una obra clave y fundamental para la sostenibilidad» y supone una «revolución» en el transporte ferroviario de Gipuzkoa.

Borja Semper (PP), que lamentó la paralización de una infraestructura «vital», se pronunció en la misma línea. En opinión del parlamentario irundarra, el soterramiento del topo a su paso por el centro de Donostia es una proyecto «útil y justificado que hubiera vertebrado el territorio». Un herrialde que, a su parecer, está discriminado. «Todo aquello que suena a Gipuzkoa no se cierra nunca y genera problemas», subrayó.

A este respecto, el portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Donostia, Ramón González, abogó por «rebelarse» contra lo que considera un «castigo» del Ejecutivo jeltzale a Gipuzkoa. «Alzamos la voz para decirle al Gobierno vasco que nosotros también somos vascos», señaló.

Por su parte, el alcalde de Irun, José Antonio Santano (PSE), calificó de «precipitada» la decisión de paralizar un proyecto ferroviario que calificó de «estratégico».