La coordinadora Edeka, que se ocupa de las personas con discapacidad en el ámbito de la CAV, presentó ayer el conocido como «Libro Blanco», una iniciativa pionera fruto de tres años de análisis y trabajo que tiene como objetivo «asentar las bases para avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad más inclusivo, donde se garantice la igualdad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social».

Hay que trazar una línea muy clara que distinga la dependencia de la discapacidad. Son dos conceptos distintos. Una persona dependiente es la que requiere de la ayuda de otro para vivir con dignidad. Por contra, una persona con discapacidad es alguien que se enfrenta a un reto. Algunos retos se pueden superar y así las personas pueden integrarse con el resto, en mayor o menor grado. Por ejemplo, un sordo o un ciego puede desenvolverse con absoluta independencia o una persona con discapacidad intelectual es capaz de desarrollar una vida en un piso con una mínima supervisión. Pero para eso hace falta garantizar una atención específica, adecuada y suficiente, que les ayude a plantar cara a su discapacidad. Existen los discapacitados dependientes, pero la labor de la sociedad y del poder público es trabajar para que haya el menor número de discapacitados dependientes o a que su dependencia sea la mínima posible. Ahorrar en el fomento de la autonomía personal puede resultar un reto, pero a la postre resulta más costoso socialmente. Y también económicamente, dado que a la larga una dependencia mayor consume más recursos.

Antonio Jiménez Lara, del Observatorio Estatal de Discapacidad, desgranó ante los presentes los diferentes retos a los que se enfrentan a diario estas personas, proponiendo además algunas estrategias con las que paliar ese desequilibrio en la balanza de la igualdad. En primer lugar, apostó por reforzar el movimiento asociativo en torno a los discapacitados, promoviendo la participación de destinatarios y usuarios. Además, incidió en la necesidad del «diálogo civil» entre asociaciones e instituciones para «ejecutar, evaluar y realizar un seguimiento de las políticas que el sector público realiza en este área». El trabajo de sensibilización fue otro de los puntales del discurso. Jiménez se refirió a la promoción de derechos y la lucha contra los diferentes estigmas creados en la sociedad en torno a este tipo de personas, con especial atención a aquellas que se encuentren en una situación de discriminación múltiple, ya que suman a su discapacidad el factor de la exclusión social o de la de género.

Edeka reforzó estas tesis con varios datos que avalan la necesidad de prestar la atención necesaria a un sector muchas veces silenciado o apartado a un segundo plano. Según explicaron los presentes, en la actualidad hay unas 190.000 personas con discapacidad solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que representa un 8% de la población total de este territorio. Esta radiografía muestra que más del 60% de los discapacitados tienen más de 65 años de edad. En cuanto al género, las mujeres componen el 60% del total.

En cuanto a la distribución geográfica, el reparto es bastante equitativo. Según los datos recabados por estos investigadores, el 37% de estas personas se concentran en las tres capitales de este territorio, mientras que un 33% se sitúan en pueblos de menos de 20.000 habitantes, aunque el reparto es muy desigual por herrialdes.

Temor en la CAV, alarma en Nafarroa

La situación en la que viven -a veces malviven- las personas discapacitadas podría empeorar. En Nafarroa los recortes ya han sido denunciados incluso con manifestaciones, y en el caso de Lakua habrá que esperar a los presupuestos. La retirada de soporte económico, y sobre todo, de personal especialista y profesional que ayude a este colectivo a enfrentarse a sus problemas supondría, para muchos de ellos, situarse en una situación de exclusión social por ser diferentes.

Elías Leguina, presidente de Edeka, reconoció a este periódico que la situación resulta «preocupante», y que la «inquietud» está instalada desde hace varios meses en la mayoría de personas discapacitadas. Según explicó, la mayoría de asociaciones de este tipo «tiene bastante asumido que, como en las demás áreas, va a haber recortes», aunque, a falta de que el Gobierno liderado por Iñigo Urkullu presente sus números, «está por ver hasta que punto va a afectar esos recortes al funcionamiento de varias asociaciones». A pesar de este oscuro panorama, Leguina prefiere por ahora quitar hierro al asunto: «Por el momento la situación no es angustiosa. Una bajada importante en las ayudas supondría un cambio de escenario para nosotros, pero estoy convencido de que podremos mantenernos a flote».

Menos optimista se muestra Iratxe Tubilla, de la Fundación ONCE, quien introduce sin tapujos la palabra «miedo» en la conversación. «Sí, yo hablaría de miedo. Se puede decir que existe preocupación, inquietud, pero yo creo que realmente hay auténtico miedo a los recortes que nos puedan llegar en los nuevos presupuestos». Tubilla se dedica al ocio entre personas discapacitadas, un espacio que, al no suponer «algo de primera necesidad, puede sufrir los mayores recortes. Sin embargo, hay que subrayar que el ocio no es únicamente tiempo libre, sino que también hace mención a transporte público, comunicaciones... Esto es, el esparcimiento o la desconexión que todos necesitamos se van a ver gravemente afectados para las personas con alguna discapacidad».

La exhaustiva radiografía que ha realizado Edeka en la CAV no existe en Nafarroa. El último dato estadístico sobre discapacitados en este herrialde hay que buscarlo en el INE, en su encuesta del año 2008, que cifra este colectivo en 41.600 personas (el 7,4% del total). Los recortes a este grupo de población han sido cuantiosos y constantes en los últimos años, pero especialmente graves el año pasado, cuando la asociación más emblemática de Nafarroa, Anfas, salió a la calle liderando una protesta que resultó multitudinaria y dejó imágenes impactantes.

Según explica María Luz Sanz, coordinadora del grupo de financiación del Cormin (Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra), el grueso de los recortes está golpeando a las asociaciones que trabajan con la discapacidad. Fundamentalmente, las asociaciones viven de dos subvenciones: las destinadas a fomentar el asociacionismo y las que van vinculadas a programas. Así, de un año para otro (a falta de que UPN desgrane el detalle de los presupuestos prorrogados) estas dos ayudas se han reducido en un 12,3% (que se dispara a más del 20% si lo comparamos con el año 2011). Estas dos partidas sumarán poco más de 1,7 millones de euros, que suponen el 85% del dinero con el que cuentan estas asociaciones para su funcionamiento.

El problema de que la discapacidad sufra unos recortes tan severos deriva, precisamente, de la confusión entre discapacidad y dependencia. Los servicios que ofrece la Administración a personas con estas dificultades se dividen en «garantizados» y «no garantizados». En la práctica, los servicios «garantizados» son los que se refieren a la dependencia y los «no garantizados», a la discapacidad. Los garantizados deben de cumplirse por ley, así que. si ha de hacerse un recorte, este afectará directamente a la discapacidad.

La demanda se dispara

La cifra de personas con discapacidad se mueve al alza por el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida. Como todos los movimientos demográficos, se trata ciertamente de un proceso lento. Sin embargo, el número de personas con discapacidad que recurren a las asociaciones dependientes del apoyo público se está disparando y la culpa, de nuevo, tiene que ver con la crisis. Sanz pone de ejemplo la asociación Eunate, que trabaja con sordos. «En tres años hemos pasado a atender al doble de personas. Antes la gente podía pagarse un logopeda privado. Ahora, las familias no tienen el mismo dinero y por eso están recurriendo cada vez más a nosotros», explica esta portavoz del Cormin.

«Lo prioritario ahora en los Servicios Sociales es la exclusión social y la dependencia. Por tanto, las asociaciones que trabajamos con la discapacidad llegamos las últimas al reparto de fondos de una tarta que es cada vez más pequeña», explica Sanz. Esta portavoz del Cormin denuncia que los discapacitados se incluyeron con calzador dentro de la Ley de Dependencia, «que estaba más pensada para gente mayor o con alzheimer». Esa ley, en realidad se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, pero este impulso a la autonomía prometido no se desarrolló ni siquiera en tiempos de bonanza y es, por tanto, lo que corre riesgo de desaparecer si no se establece una estrategia. Edeka esbozó ayer pautas en su «Libro Blanco», pero ahora ha de ser la Administración la que se apropie de ellas y elabore una hoja de ruta.