El Gobierno municipal de Bermeo, en manos de Bildu, planteará hoy en el Consejo de Administración de Beruala, que el caso de las «ilegalidades» detectadas en las VPO de San Martín se lleve a los tribunales. El Juzgado de Gernika reclama a Beruala, la sociedad que gestiona la rehabilitación del Casco Viejo, el abono de 3,4 millones de euros para legalizar la situación de los citados inmuebles.

«Proponemos dejar esta cuestión en manos de un abogado e ir a los juzgados», declaró ayer a GARA la primera edil, Idurre Bideguren, a su salida de la asamblea informativa celebrada en el Ayuntamiento, tras examinar las conclusiones del expediente informativo sobre las citadas viviendas de protección.

El equipo de Gobierno convocó ayer una reunión abierta, para hacer públicas las conclusiones del citado trabajo, encargado para clarificar lo ocurrido en una operación que auspició la anterior Alcaldía, con el jelkide Xabier Legarreta al frente. Bideguren explicó que un instructor y un secretario han trabajado en este expediente, para el que han examinado los documentos relacionados con la tramitación de la operación y los distintos autos judiciales habidos al respecto (el primero es de 2009), y tras haber tomado declaración a las distintas partes, incluidas personas con responsabilidad política y empresas.

La primera edil precisó que las conclusiones del citado expediente constatan que «las cosas se pudieron hacer de otra manera» y no hubo voluntad, que se siguió adelante pese a las advertencias de los juzgados sobre los daños que acarrearían y que se actuó contra los intereses de Beruala, adoptando decisiones que no se llevaron al Consejo de Administración, incumpliendo los estatutos.