Mikel Noval, representante del Área Social, y Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios, aseguraron ayer que la CAV se encuentra «en el furgón de cola del gasto social de la UE-27», dado que, según los últimos datos, gasta un 24,5% del PIB en esa materia frente al 29,4% de media europea. Estos datos aparecen en el Boletín del Gabinete de Estudios de la central.

Los representantes de ELA remarcaron ayer que para «equipararnos al gasto europeo en esta materia tan sensible, el Gobierno de Gasteiz tendría que incrementar su presupuesto actual en 3.191 millones». Noval admitió que el recorte anunciado de 1.200 millones de euros en los presupuestos de Lakua para 2013 «supondrá reducir sensiblemente las partidas destinadas a gasto social, lo que nos alejará más de la UE».

El responsable del área social de ELA dijo que en un listado europeo en materia de protección social, la CAV «queda en el puesto 16, a la cola de los países considerados ricos», y solo superaría a los países de Europa del Este -excepto Eslovenia- y a Luxemburgo. Manifestó que es un contrasentido que la comunidad vasca se encuentre entre las regiones que más riqueza generan en la UE, pero eso no se traduce en «un reparto equilibrado de la misma».

El Estado francés, con el 33,8% del PIB destinado a gasto social, ocupa la primera plaza en esta materia, le sigue Dinamarca (33,3%), Holanda (32,1%) y Alemania (30,7%). Incluso, Grecia, Portugal y el Estado español «superan a la CAV en porcentaje de la riqueza que se destina a protección social». Noval criticó, por otro lado, que Nafarroa no actualiza los datos.

También analiza el salario mínimo digno y el salario máximo «para conseguir una enorme concentración basada en el poder económico». A juicio de janire Landaluze «la diferencia del SMI entre estados es abismal. En el Estado español se sitúa en 748,3 euros mensuales, pero en Luxemburgo llega a los 1.801,5 euros mensuales. Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Estado francés doblan al español. Un vasco de Ipar Euskal Herria percibe 677 euros más que otro de Hego Euskal Herria.

En el boletín, aboga por que la Diputación de Gipuzkoa declare el impago de la deuda que pudiera considerarse «ilegítima» en el caso del proyecto de incineradora en Zubieta y del sobrecoste abonado por la sociedad pública guipuzcoana Bidegi a los adjudicatarios de las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Gasteiz) durante el anterior Gobierno foral del PNV. ELA pidió más información para poder determinar si parte de la deuda contraída en ambos casos puede considerarse ilegítima, «es decir impagable».