Ainara Lertxundi Kazetaria
Una causa que traspasa fronteras
Desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile a la instauración en Argentina de una Junta Militar liderada por el almirante Emilio Eduardo Massera pasaron menos de tres años.
Entre el 11 de setiembre de 1973 y el 24 de marzo de 1976, y en los años posteriores, el exilio, el refugio y la represión marcaron el mapa del Cono Sur. La asonada militar de Massera atrapó a exiliados de países vecinos, fundamentalmente uruguayos, chilenos y bolivianos, ya que la argentina fue la última democracia en caer en la región.
Mientras los movimientos de izquierda y de derechos humanos iban tejiendo redes de solidaridad, apoyo y de denuncia, los estados implicados -Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil- llevaban tiempo colaborando para «recopilar e intercambiar información sobre izquierdistas, comunistas o marxistas con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios», según consta en un documento fechado en setiembre de 1976 y desclasificado por Estados Unidos. El autor de este cable, un agente especial del FBI, se refería así al «Plan Cóndor», que se tradujo en «argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos».
Desde el pasado día 5, el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires juzga a 25 represores por 106 víctimas del «Plan Cóndor», de las que 48 eran uruguayas. Entre ellas estaba la nuera del poeta Juan Gelman. María Claudia Irureta Goyena, aún desaparecida, fue secuestrada en la capital argentina estando embarazada y fue trasladada a un centro de detención clandestino uruguayo, donde nació su hija.
El testimonio de los cerca de 450 testigos que declararán en este macroproceso ayudará a profundizar en las ya conocidas «interconexiones» entre las dictaduras sudamericanas, así como en la función de los consulados y embajadas, que dejaron de ser un territorio diplomático neutral. Un juicio que contrasta con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay de dar carpetazo a las desapariciones y torturas en este país.