La Diputación de Gipuzkoa puso ayer en marcha un proceso cuyo objetivo es modificar el convenio con Bidegi, de tal forma que sea el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias, que «tiene un grupo de trabajo muy grande», el que gestione la mayoría de las funciones atribuidas a la sociedad pública.

Según explicó la portavoz foral, Larraitz Ugarte, solo quedaría en manos de Bidegi la gestión y cobro del canon por el uso de infraestructuras (AP-8, AP-1 y GI-632), así como el mantenimiento de las instalaciones y equipos para el desarrollo de esa actividad.

Ugarte recordó que Bidegi tiene una deuda de 900 millones de euros, por lo que «su situación es crítica. Estamos haciendo un profundo análisis, pues creemos que es imprescindible reestructurarla y fijar la función que debe desempeñar de cara al futuro. Creemos que si tal reestructuración se realiza de manera correcta es posible ahorrar».

«Bidegi fue creada para realizar labores de intermediación para la Diputación, pero en estos últimos años se ha convertido realmente en un lastre para la institución. Se impone pues un análisis, de manera que la Administración tenga el control sobre Bidegi y esta sea una herramienta para el ente foral», añadió la diputada.

En este sentido, explicó que los ratios de coste por kilómetro en Bidegi son «muy altos» en comparación con las carreteras que gestiona la Diputación. Actualmente, la tarea de Bidegi es «la conservación por sí misma o mediante terceros» de las dos autopistas, así como «proyectar, construir, financiar, mantener, conservar y explotar por ella misma o mediante terceros nuevos tramos de dichas infraestructuras, mejoras, ensanches o extensiones, cuando se le otorgue el mandato correspondiente».

La explotación, mantenimiento y conservación de estas dos vías fue adjudicada, mediante sendos concursos públicos, a Bidelan, empresa privada formada, según aparece reflejado en su página web, por la unión de Iridium -perteneciente al grupo ACS, cuya cabeza visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez-, Campezo y Transitia.

Bidegi y Bidelan suscribieron un contrato -cuya última modificación se produjo en 2010 y con una vigencia hasta 2018- por el cual la primera abona a la segunda todos los gastos en los que incurra más un 7,7% adicional, independientemente del volumen de tráfico.

«Hasta ese momento, Bidelan percibía una cantidad de Bidegi en función del mayor o menor tráfico registrado en las autopistas. Es decir, Bidelan soportaba un nivel de riesgo. Cuando se le renueva el contrato, se les garantiza un 7,7% de beneficios aunque haya menos usuarios e ingresos», explicó en su día Larraitz Ugarte.

Ello suponía unos 6 millones de euros más a pagar por Bidegi todos los años, pero de ahí se descontarán alrededor de 1,2 millones para financiar el tope de 25,64 euros en los peajes, que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

El blindaje, un «privilegio»

Preguntada por los contratos blindados, Ugarte reveló que conocía su existencia «desde el principio. Cuando llegamos a Bidegi pedimos de oficio toda la documentación. También pedimos los procesos de selección que, por cierto, no los tenemos, no se nos han dado».

A su juicio, se trata de «un privilegio» que no es aceptable en una empresa pública y destacó el hecho de que uno de los cuatro directores no tenga ese blindaje y sí una auxiliar administrativa. Ugarte recordó que se trata de un acuerdo entre dos partes, por lo que Bidegi no puede actuar unilateralmente en caso de que quisiera anularlos.