El Gobierno español «acatará» una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que tumbe la doctrina 197/2006, también denominada como «doctrina Parot», aunque la consideraría «una ofensa al pueblo español». Así lo definió ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia en el Congreso en la que desgranó los razonamientos que su gabinete ha llevado a Europa para tratar de influir en los magistrados. Estos celebrarán una vista el próximo miércoles, 20 de marzo, en la que deben decidir si ratifican la sentencia que ya instaba a derogar el alargamiento de las condenas o dan la razón al recurso interpuesto por el Estado español. Hasta entonces, el PP exhibe sus argumentos. Y, por lo expuesto ayer, parece que se juega todo al concepto de «alarma social». En última instancia, lo que el Ejecutivo de Rajoy pretende es despolitizar una medida que, en un primer momento, fue constituida ad hoc para los presos vascos.

El único argumento legal esgrimido por el ministro del Interior fue el de las competencias y la defensa de una decisión judicial adoptada por «tribunales democráticos». A partir de ahí, Fernández Díaz se aferró al alarmismo. «Parece lógico que España y Europa tengan el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos no sólo de la amenaza terrorista sino también de los más peligrosos criminales tales como la delincuencia organizada, los asesinos múltiples o los violadores que causan una honda preocupación ciudadana». La preocupación de Madrid no se reduce a las excarcelaciones. También toma en cuenta las posibles sanciones económicas. En el caso de Inés del Río, el TEDH señaló que el Gobierno español debía de pagar 30.000 euros a la presa vasca por los perjuicios sufridos. Algo que fue calificado de «ofensa» por el ministro. Fernández Díaz reiteró que acataría una sentencia contraria a sus intereses aunque elevó el tono de sus advertencias, amenazando con «poner de manifiesto» quién se ha opuesto a la doctrina 197/2006 para que «respondan» ante la opinión pública.

El lobby español en Bruselas

La primera exposición del ministro motivó la respuesta de Iker Urbina (Amaiur) y Emilio Olabarria (PNV). El primero le recriminó haber realizado una «apología de la vulneración de derechos», denunciando la intervención realizada en el Consejo de Europa por el propio ministro. El segundo indicó que no existen precedentes en los que la Gran Sala del TEDH desautorice a una de sus secciones, por lo que auguró una sentencia similar a la que tumbó el alargamiento de las penas.

Las críticas de Urbina elevaron el tono del Fernández Díaz, que llegó a negar el derecho a la libertad de los prisioneros. «La legislación española es un modelo en el mundo», afirmó, obviando que lo que en ese momento se estaba debatiendo era precisamente una condena de un tribunal internacional a esa normativa. Además, defendió el trabajo de lobby desarrollado por el Gobierno de Mariano Rajoy: «Tiene usted una moral doble: las gestiones que haga el Gobierno son impropias de un Estado democrático y las que hace la izquierda abertzale están fantásticas».

La posición del Gobierno español quedó definida por Conrado Escobar, portavoz del PP. «Más allá de las consideraciones jurídicas, no podemos por menos que hacernos eco de la alarma social que supondría aplicar una decisión judicial determinada», afirmó.