La muerte de José Antonio Diéguez García en Bilbao el pasado 6 de marzo ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad de las instituciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que toda la ciudadanía tenemos. Aunque se trata de un derecho y necesidad de primer nivel, que viene recogido por los diferentes ordenamientos jurídicos vigentes en Euskal Herria, actualmente la vivienda se ha convertido en un lujo y cada vez son más las personas que se ven en una situación límite. Solo en Bilbao se llevaron a cabo 454 desahucios en 2012, 454 familias en la calle. En una ciudad donde, según datos oficiales del propio Ayuntamiento, hay nada más y nada menos que 15.567 viviendas vacías.

El fallecimiento de José Antonio Diéguez ha evidenciado no solo la incapacidad de las instituciones más próximas a la ciudadanía de garantizar los derechos más elementales de sus habitantes. La muerte de este vecino de Ibarrekolanda ha constatado también la falta de voluntad del Ayuntamiento de Bilbao para erigirse como firme garante de los derechos fundamentales que asisten a todas las personas que vivimos en esta ciudad.

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao es testigo de la preocupación que se tiene sobre los desahuicios, donde en las sesiones plenarias de noviembre y de enero se recogieron encendidos debates sobre el tema. Al hilo de una descafeinada propuesta del PP, más parecida a un lavado de cara de la formación derechista, nuestra coalición demandaba un compromiso municipal para atajar los desahucios.

Nuestra enmienda era clara y buscaba un pronunciamiento municipal lo más amplio posible, dirigido a las entidades financieras que operan en nuestro país con el fin de que suspendieran indefinidamente todas las órdenes de desahucios, así como la exigencia al Gobierno español de la modificación de la Ley Hipotecaria. Una ley que acaba de ser declarada contraria al derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la UE, y que anteriormente había cosechado ya numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos, debido a la indefensión en la que sitúa a la persona afectada.

Dicha enmienda recogía a su vez la necesidad de revisar las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras en función de su actitud y de su dinámica con respecto a los desahucios. Así mismo, solicitaba al Ayuntamiento su firme compromiso para con el trabajo en común con los organismos sociales que denuncian y combaten los desahucios. Y en ese sentido, se apuntaba la posibilidad de crear una Comisión municipal mixta cuya labor sería hacer un diagnóstico pormenorizado de los casos susceptibles de iniciar un proceso de desahucio, para inmediatamente después poner a su disposición todos los servicios sociales necesarios para atajar el problema de raíz.

Sin embargo, nuestra enmienda no prosperó y el debate volvió al Consistorio en enero, esta vez de la mano del PSOE. Y el PNV, nuevamente, impedía con sus votos la creación de una Comisión Municipal que abordase, desde una perspectiva local, la grave problemática de los desahucios. Al equipo de gobierno que dirige el señor Iñaki Azkuna, por segunda vez, no le interesaba ni lo más mínimo aprobar una moción cuya finalidad era equilibrar el abismo existente hoy día entre entidades financieras y personas. No fue posible ni en noviembre ni en enero. El supuestamente mejor alcalde del mundo no lo quiso.

En este contexto, y ante la cada vez más grave situación, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao decidió no esperar un minuto más, y ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a todas esas personas afectadas. Nuevamente el movimiento social y vecinal se veía en la obligación de llevar a cabo una tarea que, en principio, corresponde y debería haber sido asumida por las instituciones desde el comienzo de la crisis.

En solo cuatro jornadas la Federación ha atendido a un gran número de personas afectadas, de las cuales buena parte no son damnificadas por la ley hipotecaria española, sino por unos procedimientos de desahucio dentro del servicio de Viviendas Municipales, tal y como nos han informado a los grupos políticos del Ayuntamiento. Y lo que es aún más significativo: muchas de estas personas han llegado hasta el servicio de la federación derivadas de las asistentas sociales del Area de Acción Social, dando muestras de la ineficiente labor del Ayuntamiento en esta materia y dejando de manifiesto que las instituciones, y en concreto el Consistorio bilbaíno, no han ajustado todavía hoy por hoy sus servicios a las necesidades sociales de la ciudadanía.

Tras el trágico suceso de Ibarrekolanda, la multitudinaria manifestación que esa misma tarde noche recorría las principales calles del barrio dejó en evidencia que la cuestión de los desahucios y las graves y durísimas consecuencias que está generando es una de las mayores preocupaciones de la sociedad.

Desde EH Bildu queremos poner en valor las palabras lanzadas al finalizar la protesta por el presidente de la Asociación de Federaciones Vecinales de Bilbao, quien remarcaba que vistas las dolorosas consecuencias ya no era «hora de declaraciones, ni se asesoramientos, sino compromisos». Creemos, además, necesario subrayar que para poner solución a este gravísimo problema social basta con voluntad política. De nada sirve hacer una declaración institucional -después de haber sido insistentemente solicitada por nuestro grupo municipal- si no viene acompañada de compromisos serios y reales por parte del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda, no se toman las medidas oportunas para desactivar todas las órdenes de desahucio y no se ponen al alcance de las personas afectadas los medios pertinentes.

La administración tiene una gran responsabilidad de orientación, asesoramiento, mediación y dotación de vivienda en alquiler social, puesto que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y esa labor no puede dejarse solamente al albur del voluntarismo del movimiento social y vecinal. Por ello, desde EH Bildu reiteramos, una vez más, la necesidad de la creación de una Comisión Municipal mixta, en la que estén representados no solo los grupos políticos, sino también los agentes sociales, que busque alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudie iniciativas que puedan aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por esta lacra.