Ikasle Abertzaleak mostró ayer su apoyo a seis jóvenes condenados a pagar una multa de quince días por haber participado en los incidentes acaecidos en Leioa el 30 de enero de 2008, cuando el Claustro de la UPV-EHU decidió aplicar el Plan Bolonia. En opinión del sindicato, el proceso, en el que estaban imputadas trece personas, ha sido un «juicio político contra el movimiento estudiantil», que en diferentes ocasiones ha mostrado su repulsa el citado plan.

En un comunicado, Ikasle Abertzaleak -que acusa a la UPV-EHU y a su actual rector, Iñaki Goirizelaia, de haber promovido este proceso- lamenta que la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Bilbo es un «castigo» a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. En este sentido, critica «la vulneración de derechos políticos y civiles en las universidades de Euskal Herria».

Ante esta situación, el sindicato exige a las autoridades que pongan fin a esta «vulneración de derechos», y reclama cambios en los campus de la UPV-EHU. «Pedimos que se quiten las cámaras de seguridad, que desaparezcan las fuerzas de seguridad públicas y privadas y que se ponga fin a los ataques contra los estudiantes», añade.

En referencia a la situación actual, marcada por los recortes impuestos desde Lakua y Madrid, Ikasle Abertzaleak señala que «con la excusa de la crisis económica quieren privatizar los servicios públicos, incluida la educación». «Quisieron desarrollar esta estrategia mercantilista en las universidades mediante la aplicación del Plan Bolonia. Pero no vamos a aceptar reformas que pretendan privatizar la educación y las universidades. ¡Ni Plan Bolonia, ni LOMCE ni EU-2015!», destaca.