En 1966 la ONU proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta fecha conmemora el 21 de Marzo de 1960, fecha en que 69 personas fueron asesinadas en Sudáfrica en una manifestación pacífica en contra de las leyes que restringían la libre circulación a amplios sectores poblacionales. A las personas negras solo se les permitía estar en zonas determinadas, se les obligaba a pedir una autorización llamada «pase» para desplazarse, y si carecían de esos pases, si eran unos «sin papeles», se arriesgaban a ser encarceladas o expulsadas.

Desde entonces han pasado más de 50 años y todavía estamos lejos de erradicar la lacra social del racismo y la xenofobia: La normativa de extranjería impide regularizar la situación de las personas migrantes, dejándolas a merced de cualquier tipo de explotación. Actualmente, inmersos en un contexto de recesión económica, la población extranjera se ha convertido en el chivo expiatorio de esta situación. Al más puro estilo goebbeliano se criminaliza a las personas migrantes y se las culpabiliza de la actual situación económica a la par que se desarrollan leyes discriminatorias como la que regula la Renta de Garantía de Ingresos o la reforma sanitaria, que ha supuesto el fin de la universalidad del sistema de sanidad, uno de los grandes logros sociales de finales del siglo XX.

Asimismo, las detenciones indiscriminadas, basadas en el fenotipo y en el origen nacional de las personas son el pan nuestro de cada día en nuestros barrios. Como consecuencia de estas detenciones, se cortan procesos de regularización o se puede llegar a la expulsión, y todo ello por no tener papeles, es decir, por una falta administrativa. Pero sobre todo se han convertido en una herramienta perversa para atemorizar y subyugar a las personas extranjeras, impidiéndoles andar tranquilamente por nuestras calles. En este contexto, en el que todo vale contra los grupos más vulnerables, aumentan los casos en que se responde a las situaciones de exclusión social con la represión policial, y como ha sucedido recientemente en Barakaldo y Zorrozaurre, se desmantelan viviendas que se han construido en fábricas, edificios públicos o descampados y que, pese a su ruinosa situación, son el domicilio habitual de muchas personas. Como consecuencia, estas personas se quedan en la calle, en una situación de completa desprotección, y todo ello porque las administraciones públicas, lejos de asumir su responsabilidad y solucionar las situa- ciones de exclusión social, cada vez más habituales, las intentanhacer desaparecer con la Policía, en muchos casos utilizando una violencia extrema.

Si bien este contexto de recesión económica es duro para toda la población, está afectando con mayor virulencia a los sectores más desfavorecidos. Así, las mujeres migrantes se enfrentan a una doble discriminación como extranjeras y como mujeres. Muchas de ellas, empleadas en la economía sumergida, en uno de los sectores laborales más invisibilizados como es el trabajo doméstico, están padeciendo una alarmante precarización de sus condiciones laborales y sin derechos con los que defenderse, se quedan expuestas a todo tipo de abusos.

Pero a pesar de todo ello, hoy queremos dejar claro que el racismo y la xenofobia son epidemias políticas y sociales, pero no son una realidad inmutable, son realidades temporales que deben ser combatidas sin descanso y, por este motivo, y porque queremos vivir en otro tipo de sociedad, en una sociedad que se base en la justicia social, hacemos una llamamiento a la manifestación que partirá el viernes 22 de marzo desde la Plaza Arriaga a las 19:30 bajo el lema: «Gure Herria, Denontzako Tokia».